Estados Unidos lanzó una advertencia contundente contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusándolo de transformar los impuestos y la institucionalidad pública en instrumentos de extorsión y persecución económica. La denuncia, publicada en canales oficiales, describe un escenario de inseguridad jurídica que desalienta cualquier forma de inversión.

“Los inversionistas se enfrentan a confiscaciones. Los tribunales son utilizados como arma de opresión. Los impuestos sirven para extorsionar. Se violan los derechos laborales y se niega a los empleadores el derecho a organizarse”, indica el comunicado, que resume las conclusiones de una investigación comercial realizada por Estados Unidos.

La advertencia incluye un ejemplo concreto: centenares de nicaragüenses que salieron del país no pudieron regresar, pese a tener derecho a hacerlo. Para Washington, esta práctica confirma el uso discrecional del poder para castigar y excluir a quienes el régimen considera adversarios.

Según la declaración oficial, en Nicaragua el gobierno decide quién puede trabajar, quién puede abrir un negocio y quién queda fuera del sistema económico. “Está totalmente a la discreción a la voluntad del régimen de Ortega quién puede operar y quién no”, señala el texto.

Un mensaje que llega en un momento decisivo para el CAFTA-DR

La denuncia se publica justo cuando Estados Unidos se prepara para anunciar su decisión sobre la permanencia de Nicaragua en el tratado comercial CAFTA-DR, uno de los pilares del sector exportador. La discusión en Washington se intensifica, y la posición oficial apunta a que Nicaragua viola principios básicos de competencia, transparencia y respeto al Estado de derecho.

El Estado como herramienta de castigo

La acusación estadounidense no deja espacio a interpretaciones: el régimen sandinista no solo reprime, sino que usa el aparato estatal para asfixiar, intimidar y extorsionar a ciudadanos y empresas. El sistema tributario, los permisos, los tribunales y hasta la potestad migratoria operan como mecanismos de control político.

El mensaje es claro: Nicaragua ya no ofrece garantías mínimas para invertir ni condiciones para operar bajo un marco legal confiable.

Mientras Estados Unidos define el futuro del CAFTA-DR, el margen de maniobra para el régimen se reduce. Y el costo para el país podría ser histórico.