El Gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia formal a sus ciudadanos sobre los riesgos derivados de la reciente eliminación del derecho a la doble nacionalidad en Nicaragua, señalando que la reforma constitucional podría ser aplicada de forma discrecional como un mecanismo de presión, castigo o represalia política por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En un mensaje dirigido a ciudadanos estadounidenses, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que el 14 de enero de 2026 la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó una reforma constitucional que elimina la doble nacionalidad en la mayoría de los casos, incluidos los ciudadanos de Estados Unidos. La reforma entró en vigencia el 16 de enero, tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Una reforma con efectos políticos

De acuerdo con el texto constitucional reformado, la nacionalidad nicaragüense se pierde automáticamente al adquirir otra ciudadanía, y las personas que se naturalicen como nicaragüenses deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad. La única excepción establecida contempla a ciudadanos de otros países de Centroamérica que residan en Nicaragua, quienes podrán conservar su nacionalidad de origen.

Washington advirtió que, aunque la reforma no se presenta explícitamente como retroactiva, su aplicación práctica queda completamente en manos del régimen, lo que abre la puerta a interpretaciones arbitrarias y decisiones selectivas. El Gobierno estadounidense subrayó que Nicaragua no tiene autoridad para revocar ni determinar la ciudadanía de Estados Unidos, pero sí puede negar, retirar o desconocer la nacionalidad nicaragüense de personas que, en condiciones normales, tendrían derecho a ella.

Un patrón documentado desde 2018

El Departamento de Estado recordó que el régimen Ortega-Murillo cuenta con antecedentes claros de uso político de la ciudadanía. Desde 2018, decenas de nicaragüenses han sido despojados arbitrariamente de su nacionalidad, incluidos ciudadanos con doble ciudadanía estadounidense, como parte de una estrategia de castigo contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y voces críticas.

Estas acciones han estado acompañadas de confiscaciones de bienes, destierros forzados, prohibiciones de ingreso al país y cancelación de documentos, medidas ampliamente documentadas por organismos internacionales y mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas.

Para Washington, estos antecedentes agravan el riesgo de que la reforma constitucional no sea aplicada como una norma administrativa general, sino como una herramienta más de control político, sujeta a la voluntad de la cúpula gobernante.

Riesgos para ciudadanos estadounidenses

La advertencia estadounidense enfatiza que ciudadanos de Estados Unidos han sido detenidos en Nicaragua bajo cargos considerados falsos o arbitrarios, incluso en casos donde contaban con doble nacionalidad. En varios de esos episodios, las autoridades nicaragüenses han ignorado garantías procesales básicas y han restringido el acceso consular.

El Departamento de Estado reiteró que, aunque Estados Unidos reconoce y protege la ciudadanía estadounidense de sus nacionales, no puede impedir que el régimen nicaragüense adopte decisiones internas que afecten la condición jurídica local de las personas, incluyendo la negación de derechos derivados de la nacionalidad nicaragüense.

Alerta de viaje y deterioro del Estado de derecho

La advertencia se emite en el marco de la Alerta de Viaje Nivel 3 para Nicaragua, que recomienda reconsiderar cualquier desplazamiento al país. Washington fundamenta esta alerta en el grave deterioro del Estado de derecho desde 2018, caracterizado por la ausencia de independencia judicial, la criminalización de la disidencia, el cierre de organizaciones civiles y religiosas, y el uso de reformas legales para consolidar el control político.

El comunicado indica que la eliminación de la doble nacionalidad debe entenderse dentro de un proceso más amplio de desmantelamiento de derechos fundamentales, en el que la ciudadanía deja de ser un derecho protegido para convertirse en un privilegio condicionado a la lealtad política.

Un mensaje político claro

Con esta advertencia, Estados Unidos envía una señal directa no solo a sus ciudadanos, sino también a la comunidad internacional: la reforma constitucional nicaragüense no es un ajuste técnico, sino una decisión con profundas implicaciones políticas y humanas, en un país donde el poder se ejerce sin contrapesos institucionales.

Para Washington, el riesgo no radica únicamente en la letra de la ley, sino en quién la aplica y con qué propósito, en un contexto donde el régimen ha demostrado que utiliza el aparato legal como instrumento de persecución y control.