El gobierno de Estados Unidos lanzó este viernes una advertencia a sus ciudadanos residentes en Nicaragua, instándolos a reportar cualquier caso de confiscación, expropiación o restricción de sus propiedades ejecutadas por la dictadura sandinista.

El llamado fue difundido a través de las redes sociales de la Embajada estadounidense en Managua, en respuesta directa a la reciente ley aprobada por la Asamblea Nacional, al servicio del régimen, el pasado 6 de agosto de 2025. La normativa declara como propiedad del Estado una franja de 15 kilómetros tierra adentro a lo largo de todas las fronteras nicaragüenses, bajo el argumento de “seguridad nacional” y combate al crimen organizado.

Washington y sectores opositores han calificado la iniciativa como un esquema de confiscación masiva, que amenaza a ciudadanos locales y extranjeros. La Embajada pidió a los estadounidenses que se consideren afectados por esta medida enviar sus denuncias a un correo electrónico habilitado para documentar los casos.

“Los derechos de propiedad en Nicaragua no son confiables; las leyes se aplican de manera arbitraria y el régimen confisca propiedades privadas sin el debido proceso”, señaló la misión diplomática en su mensaje.

Antecedentes de un patrón de confiscaciones

Esta advertencia se suma a una serie de alertas previas del Departamento de Estado y de la Embajada en Managua, que durante años han advertido sobre los riesgos de invertir en Nicaragua debido a la falta de seguridad jurídica y el historial de expropiaciones.

Desde las protestas de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha confiscado propiedades de opositores políticos, empresarios, universidades, medios de comunicación y más de 3,000 organizaciones de la sociedad civil. Muchos afectados fueron despojados también de su nacionalidad, incluyendo ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense-nicaragüense.

La situación recuerda a la “piñata sandinista” de los años 80, cuando el primer gobierno revolucionario expropió miles de propiedades privadas tras la caída de la dictadura somocista.

La nueva ley fronteriza podría convertirse en la siguiente fase de este patrón, poniendo en riesgo a miles de residentes en las zonas limítrofes, incluidas personas estadounidenses que invirtieron en tierras y viviendas en esas áreas.