La Embajada de Estados Unidos en Managua y la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno estadounidense alertaron este sábado sobre las graves consecuencias de la reciente aprobación de la Ley de Protección de Fronteras por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que permitió la confiscación inmediata de más de 18 mil kilómetros cuadrados de territorio dentro de una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras del país.

La normativa, aprobada sin debate por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, implica la apropiación de propiedades privadas, áreas productivas y viviendas, afectando de forma directa a decenas de comunidades en zonas limítrofes. Según el comunicado difundido por Washington, esta acción “devasta decenas de comunidades y pone en riesgo las vidas y el sustento de miles de personas”.

Pero la advertencia más contundente estuvo dirigida a los ciudadanos estadounidenses. “Cualquier estadounidense que esté pensando en invertir en Nicaragua debe tener cuidado”, señala el mensaje, en alusión a la creciente inseguridad jurídica que provoca la política confiscatoria del régimen.

Expertos señalan que este llamado, sumado a las medidas arbitrarias de Ortega y Murillo, podría poner en riesgo la inversión extranjera directa, reduciendo la llegada de capitales y afectando seriamente la ya golpeada economía nacional. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que, además de vulnerar el derecho a la propiedad, la ley podría provocar desplazamientos forzados y agravar la tensión social en las zonas fronterizas.

Nuevas confiscaciones: régimen se toma planta eléctrica privada

En medio de las críticas internacionales, el régimen sandinista concretó recientemente una nueva confiscación. La toma estuvo a cargo de Ernesto Martínez Tiffer, representante de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), según reportó el medio digital Confidencial.

Se trata de la planta de generación geotérmica Momotombo, ubicada en el occidente del país. Fuentes señalan que esta acción sería parte de una serie de castigos contra allegados al general en retiro Álvaro Baltodano, quien cayó en desgracia con Ortega y Murillo.

El inversionista mexicano Pablo Monroy, tío de Álvaro Baltodano Monroy —hijo del general—, tenía la concesión para operar la planta. Baltodano Monroy fue arrestado poco después que su padre, y la confiscación de la planta, así como la cancelación de la concesión, ocurrió justo después de su detención a finales de julio.

La advertencia de Washington se suma a la creciente presión internacional contra el gobierno sandinista, acusado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de aplicar políticas que profundizan el aislamiento político y económico de Nicaragua.