EE. UU. acorrala a Ortega por saqueo de oro en Costa Rica
Washington denunció el desplazamiento de mineros nicaragüenses hacia Costa Rica, mientras el Ejército sandinista anunció detenciones y decomisos en Indio Maíz.
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DaríoMedios Internacional
10/31/20263 min read


La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se apresuró a anunciar operativos contra la minería ilegal en Nicaragua, en medio de las denuncias de Estados Unidos sobre el desplazamiento de mineros artesanales hacia Costa Rica para extraer oro de manera irregular. La reacción de Managua, lejos de disipar los cuestionamientos, vuelve a colocar bajo escrutinio la expansión de los intereses mineros chinos y sus consecuencias en la frontera entre ambos países.
El Ejército de Nicaragua informó sobre la detención de seis personas y el decomiso de materiales utilizados para la minería ilegal en la Reserva Biológica Indio Maíz. El anuncio llegó apenas cinco días después de que Estados Unidos denunciara que empresas mineras chinas establecidas en Nicaragua están desplazando a los mineros artesanales, quienes terminan cruzando la frontera costarricense para buscar oro.
La secuencia de acontecimientos resulta significativa: tras los señalamientos de Washington, el aparato militar de la dictadura anunció acciones contra la actividad minera ilegal, mientras los representantes de Managua y Pekín emprendieron una ofensiva de declaraciones para rechazar las acusaciones.
Estados Unidos advierte sobre el impacto de las empresas chinas
La denuncia estadounidense puso el foco sobre las consecuencias que la expansión minera china en Nicaragua estaría provocando en Costa Rica, particularmente en la zona de Crucitas, donde la extracción ilegal de oro y las redes de contrabando han generado preocupación por sus efectos ambientales y de seguridad.
La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica cuestionó el impacto de las operaciones mineras chinas en Nicaragua sobre su país aliado y advirtió que no permitirá que esta situación continúe.
El señalamiento colocó a la dictadura Ortega-Murillo en una posición incómoda, debido a que las concesiones mineras otorgadas a compañías chinas y el desplazamiento de mineros artesanales forman parte de una problemática que trasciende las fronteras nicaragüenses.
China y la dictadura cierran filas frente a Washington
En respuesta a los señalamientos, la Embajada de China en Costa Rica salió en defensa de los intereses de Pekín y rechazó las acusaciones formuladas desde la representación estadounidense en territorio costarricense. La sede diplomática china exigió pruebas y negó cualquier responsabilidad de sus empresas en las actividades criminales denunciadas en Crucitas.
Rosario Murillo también intervino para respaldar públicamente a Pekín. Sin embargo, su pronunciamiento se limitó a un comunicado escrito, en el que manifestó el respaldo de la dictadura a la posición de la representación diplomática china.
«Hemos conocido de publicaciones realizadas desde otro país, donde se vierten afirmaciones falsas con relación a empresas de la República Popular China que trabajan en Nicaragua», expresó Murillo en el comunicado.
La codictadora añadió que también conocía «la importante Declaración de la Embajada de la República Popular China en nuestro País», a la que aseguró respaldar plenamente por su «contundencia y veracidad».
De esta manera, la dictadura volvió a cerrar filas con Pekín en medio de un señalamiento que compromete sus intereses económicos y su relación con uno de sus principales socios internacionales.
Concesiones chinas superan 1.27 millones de hectáreas
Mientras Managua y Pekín rechazan las denuncias, la expansión de las concesiones mineras chinas en Nicaragua continúa bajo cuestionamiento.
De acuerdo con la Fundación del Río, las concesiones otorgadas a empresas chinas ya abarcan más de 1.27 millones de hectáreas del territorio nicaragüense, una extensión que refleja el avance de los intereses mineros extranjeros bajo el amparo de la dictadura.
Las denuncias sobre el desplazamiento de mineros artesanales apuntan a que, ante el avance de las compañías chinas, trabajadores que antes realizaban actividades de extracción en Nicaragua terminan buscando oro en territorio costarricense. Posteriormente, el mineral extraído de manera ilegal entra en circuitos de comercialización y contrabando cuya relación con los intereses mineros chinos también ha sido objeto de cuestionamientos.
El problema ya no se limita a las concesiones entregadas dentro de Nicaragua. Las consecuencias de esa expansión minera están siendo señaladas en Costa Rica, donde las autoridades enfrentan las repercusiones de la extracción ilegal de oro, el deterioro ambiental y las redes criminales que operan en Crucitas.
Washington promete defender a Costa Rica
La denuncia estadounidense representa una advertencia directa sobre las consecuencias regionales de la expansión minera china y sobre la necesidad de frenar las actividades ilegales que afectan a Costa Rica.
Representantes del Gobierno costarricense, encabezado por la presidenta Laura Fernández, también han llevado sus denuncias sobre el saqueo de oro en Crucitas a espacios internacionales, colocando el problema en el ámbito de las relaciones diplomáticas y la seguridad regional.
Estados Unidos, por su parte, ha anunciado su disposición a defender a su aliado costarricense y a enfrentar las actividades que amenazan sus intereses en la región.
Mientras tanto, Ortega y Murillo intentan contener el impacto de las denuncias respaldando a Pekín y anunciando operativos en territorio nicaragüense. Sin embargo, la dimensión de las concesiones mineras chinas y los señalamientos sobre el desplazamiento de mineros hacia Costa Rica mantienen bajo presión a la dictadura.



