En medio de la creciente indignación ciudadana por la aprobación de la polémica Ley de Territorios Fronterizos, el operador político del sandinismo, Edwin Castro, apareció en el canal parlamentario oficialista para defender la medida y minimizar el impacto que podría tener sobre miles de propietarios en esas zonas.

La ley, que abarca más de 18,000 kilómetros cuadrados en una franja de 15 kilómetros a lo largo de las fronteras de Nicaragua, afecta a centenares de propiedades grandes y pequeñas. Organizaciones y analistas advierten que sus dueños enfrentan un alto riesgo de confiscación, a pesar de las garantías verbales ofrecidas por el régimen.

Durante la entrevista, Castro recurrió a un discurso cargado de conceptos abstractos, asegurando que la normativa busca “garantizar la paz, la seguridad y la soberanía nacional” y que no afectará los derechos de quienes poseen tierras en las zonas fronterizas. Aunque el entrevistador tenía instrucciones de no usar la palabra “confiscación”, fue el propio Castro quien terminó abordando el tema, afirmando que “nadie tiene por qué sentir ni un ápice de temor” y que las propiedades podrán seguir siendo cultivadas, heredadas y usadas para solicitar créditos.

No obstante, el diputado oficialista dejó claro que la compra y venta de terrenos en esa franja quedará bajo estricto control estatal y solo podrá realizarse con autorización del gobierno. Según él, esta medida pretende evitar que testaferros del crimen organizado y del narcotráfico adquieran fincas en zonas estratégicas.

Impacto en las inversiones y en la estabilidad de las comunidades

La Ley de Territorios Fronterizos fue aprobada con trámite expedito por la Asamblea Nacional, sin consultas previas con sectores productivos, comunidades afectadas o especialistas en derecho agrario. El oficialismo utilizó su mayoría parlamentaria para cerrar el debate en pocas horas, lo que ha sido interpretado como una señal de que el régimen buscaba blindar rápidamente un nuevo instrumento de control territorial.

Productores agropecuarios, cámaras empresariales y defensores de derechos humanos han expresado su preocupación, alertando que la ley no solo vulnera el derecho a la propiedad privada, sino que también podría impactar negativamente en las inversiones y en la estabilidad de las comunidades que dependen de la agricultura y el comercio fronterizo. Desde el exilio, voces opositoras han denunciado que esta normativa forma parte de la estrategia de Daniel Ortega y Rosario Murillo para consolidar un “cerco político” sobre todo el territorio nacional, especialmente en zonas consideradas estratégicas.

Sin embargo, fuentes políticas señalan que detrás del discurso oficial se oculta la creciente paranoia de Rosario Murillo, quien busca sellar las fronteras ante el temor de que opositores o personas vigiladas entren o salgan de Nicaragua por pasos no regulados. Esta ley, advierten, convierte los límites del país en un gran cinturón de vigilancia y podría servir como herramienta para reforzar el control político y económico del régimen sandinista.