El Observatorio contra la tortura en Nicaragua del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nuca Más, ha documentado 229 testimonios de personas torturadas a raíz de las detenciones arbitrarias desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Según el organismo que trabaja desde el exilio, los detenidos sufrieron en algún momento tratos crueles, degradantes o denigrantes en las cárceles de Nicaragua.

Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo de Derechos Humanos y coordinador del Observatorio, detalló que los detenidos fueron vendados de los ojos y obligados a subir las patrullas con las manos en la cabeza, mientras los civiles y policías encapuchados les apuntaban con un arma.

El informe “Memoria y Justicia: Alto a la tortura en Nicaragua”, el Observatorio denuncia que logrado identificar 33 centros policiales y 8 centros clandestinos, donde en algún momento recibieron torturas los ciudadanos al momento de sus arrestos.

Las torturas contra los opositores fueron registradas en al menos 29 municipios de los 14 departamentos del país. El Colectivo destaca que las barbaries fueron realizadas en centros penitenciaros y policiales, así como sitios clandestinos.

Identifican centros de torturas en cárceles de Nicaragua

Las torturas cometidas por operarios de la dictadura son realizadas en las celdas nuevas y viejas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo y viejo Chipote, el Distrito I y III de la Policía de Managua y el establecimiento de máxima seguridad del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”.

Según el informe, en las estaciones policiales de los departamentos de Masaya, Jinotega, Estelí, San Carlos y Rivas, también se documentaron casos de torturas contra los opositores durante sus arrestos.

Otro de los mecanismos de torturas que identificó el Colectivo, está la restricción de la Biblia a los presos políticos, así como cuadernos y lápices.

Las autoridades de los centros carcelarios igualmente les niegan el acceso al agua potable, así como la realización de llamadas telefónicas a familiares, alimentos en buen estado y la negativa del derecho a patio sol.

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