La represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya no se limita a las fronteras de Nicaragua. Así lo concluyeron expertos y defensores de derechos humanos durante un cineforo realizado en la Universidad de Costa Rica UCR, donde se presentó el documental Represión transnacional 2.

El evento, organizado por Darío Medios Internacional, la Cátedra Centroamérica de la UCR, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, expuso cómo células del crimen organizado sandinista operan en territorio costarricense con el objetivo de vigilar, intimidar y atacar a los opositores exiliados.

El investigador Roberto Samcam señaló que en la embajada nicaragüense en San José llegaron a figurar hasta 22 oficiales sin cargo diplomático, lo que sugiere la presencia de agentes de inteligencia operando bajo cobertura. Este tipo de revelaciones le costó la vida a Samcam, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, asesinado tras denunciar dichas prácticas.

El documental también revela que los exiliados reciben fotografías de sus hogares y actividades cotidianas como advertencia de que son objetivos del régimen. Para ejecutar las amenazas, las células recurren a intermediarios y sicarios con el fin de deslindar responsabilidades directas del Estado nicaragüense.

Llamado urgente a la comunidad internacional

Casos como el de Joao Maldonado, sobreviviente de varios atentados, o el del dirigente opositor Rodolfo Rojas, asesinado en Costa Rica, forman parte de las más de una decena de testimonios recogidos. También se documenta el asesinato de un líder campesino emboscado en Upala, pese a que contaba con estatus de refugiado reconocido por las autoridades costarricenses.

Los expertos advirtieron que estas prácticas ponen en entredicho la seguridad de Costa Rica como refugio para la población nicaragüense en exilio. Sin embargo, el gobierno costarricense ha negado la existencia de estas células, en parte porque delitos como el espionaje o el acoso transnacional carecen de un marco jurídico claro en el país.

Ante esta situación, los ponentes hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional y a la ONU para la creación de una relatoría especial que establezca mecanismos de protección y un marco legal para sancionar este tipo de crímenes transnacionales.

“Callar no es alternativa”, subrayaron los organizadores, invitando a la población a conocer en detalle estas denuncias a través del documental disponible en el canal de YouTube de Darío Medios Internacional.