Rafael Antonio Ortega Murillo, conocido como Payo, no solo ha sido el principal operador financiero del régimen sandinista. También ha sido, durante casi tres décadas, un testigo silencioso y funcional de uno de los episodios más graves y determinantes en la historia íntima del poder en Nicaragua: la denuncia de abuso sexual presentada en 1997 por Zoilamérica Ortega Murillo contra su padrastro, el hoy dictador Daniel Ortega.

Zoilamérica habló. Denunció públicamente haber sido víctima de abusos prolongados. El impacto fue devastador. La familia cerró filas, el sandinismo convirtió la denuncia en “conspiración política” y el poder eligió su propio relato. En ese momento fundacional, Payo tomó una decisión que marcaría su vida: ponerse del lado del poder y no de su hermana.

En mayo de 1998, durante una conferencia pública en la que la familia sandinista negó las acusaciones, Rafael Ortega Murillo hijo adoptivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo desacreditó a su propia hermana y respaldó al acusado. No fue un gesto menor: fue una definición política, económica y moral.

La traición que nunca se nombró

Tras la denuncia, Zoilamérica Ortega Murillo fue expulsada del núcleo familiar, aislada y empujada al exilio. Rosario Murillo eligió preservar el proyecto de poder antes que proteger a su hija. Rafael Ortega Murillo hizo lo mismo.

Fuentes cercanas a la familia han señalado que Payo fue presionado para confrontar públicamente a Zoilamérica y alinearse con la versión oficial. Desde entonces, el vínculo fraterno quedó roto de manera irreversible. Mientras ella desaparecía del relato oficial del sandinismo, él ascendía.

El dinero como recompensa del silencio

Con el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007 y la llegada masiva de recursos venezolanos, Rafael Ortega Murillo se convirtió en el administrador discrecional de cientos de millones de dólares canalizados fuera de cualquier control institucional.

Desde ALBANISA y otras estructuras empresariales vinculadas a la cooperación con Venezuela, construyó un imperio que abarcó energía, combustibles, transporte, agroexportación, banca y construcción. Fue el arquitecto financiero del régimen, operando en las sombras, sin rendición de cuentas.

Ese ascenso tuvo un costo íntimo y permanente: convivir, servir y enriquecer al hombre señalado por su propia hermana como su agresor. No fue una convivencia impuesta; fue una elección sostenida en el tiempo.

Poder vigilado, silencio obligatorio

Paradójicamente, ni siquiera esa lealtad absoluta le garantizó confianza plena. Fuentes cercanas a “El Carmen” aseguran que Rafael Ortega Murillo vive bajo vigilancia constante. En el régimen, nadie ni siquiera los hijos está completamente a salvo.

A diferencia de otros miembros del clan, Payo casi no aparece en público. No da discursos. No opina. Administra. Controla. Ejecuta. Es el hijo útil: poderoso, pero prescindible; rico, pero vigilado.

La madre de sus hijos, Yadira Letts, terminó refugiándose en Estados Unidos. Personas cercanas sostienen que no soportó seguir cargando con los silencios forzados, las lealtades impuestas y el peso de una historia familiar atravesada por abuso e impunidad. Su salida fue otra grieta, menos visible, pero reveladora.

Más que un operador financiero

Las sanciones internacionales contra Rafael Ortega Murillo no solo apuntan a su rol económico. También rompen el mito del “hijo técnico”, del empresario discreto. Lo colocan en el centro de una trama donde el poder, el dinero y la traición familiar se entrelazan.

Porque Payo no es solo el hombre que financió y sostuvo al régimen. Es también el hermano que eligió callar, el hijo que sirvió al acusado y el testigo que convirtió el silencio en negocio.

En Nicaragua, el poder no solo se hereda: también se paga con renuncias morales que nunca prescriben.