La comunidad exiliada nicaragüense en Costa Rica vive una creciente sensación de miedo y vulnerabilidad ante una serie de ataques, amenazas y presuntos actos de vigilancia que, según denuncias, estarían ligados a operadores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En los últimos meses, los atentados contra el opositor Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto, sobrevivientes de un ataque armado en mayo, así como el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam Ruiz el pasado 19 de junio, han encendido las alarmas dentro del exilio político nicaragüense.

El Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más” ha documentado al menos seis casos de hostigamiento y vigilancia en lo que va de 2025. Los incidentes incluyen seguimientos, envío de fotografías por mensajería, amenazas desde números telefónicos nicaragüenses y presencia de personas desconocidas merodeando las viviendas de exiliados.

Hostigamiento y vigilancia sistemática

Uno de los episodios más recientes involucra al académico Adrián Mesa Sosa, exrector universitario, quien denunció el pasado 4 de octubre que un individuo intentó ingresar al complejo donde reside en San José bajo el pretexto de entregarle un vehículo. El hecho fue interpretado como un intento de confirmar su paradero.

De acuerdo con el Colectivo, otros refugiados han reportado la presencia de sujetos que se hacen pasar por vendedores o trabajadores de servicios, mientras recaban información sobre solicitantes de refugio. Algunos incluso han recibido mensajes intimidatorios que incluyen datos personales confidenciales, lo que refuerza las sospechas de filtración o espionaje.

Silencio y ambigüedad de las autoridades costarricenses

A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades de Costa Rica no han logrado articular una postura clara sobre la naturaleza de estos ataques. El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, desestimó recientemente un informe interno que señalaba al presunto operador político sandinista Pablo Robles Murillo como autor intelectual del asesinato de Roberto Samcam.

Zúñiga aseguró que Robles Murillo no es objeto de ninguna investigación, y calificó el documento como una posible maniobra para “politizar” el caso. Mientras tanto, el principal sospechoso material, Luis Carvajal Fernández, de 20 años, continúa prófugo y sin indicios sobre su paradero.

“La represión también cruzó la frontera”

Organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que los patrones de persecución, intimidación y vigilancia que caracterizan al régimen sandinista se han extendido fuera de Nicaragua, afectando a quienes buscaron refugio en territorio costarricense.

El Colectivo Nicaragua Nunca Más llamó a las víctimas a denunciar de forma segura ante las autoridades y organismos de derechos humanos, recordando que el miedo no debe convertirse en silencio.

Mientras tanto, la comunidad exiliada lamenta que “la represión no se quedó en Nicaragua”, sino que ahora persigue, vigila y silencia más allá de las fronteras, sumiendo a miles de nicaragüenses en un nuevo ciclo de miedo e indefensión.