Dictadura sandinista intensifica extorsión migratoria: cobros de hasta $25,000 para permitir retornos

En los últimos meses, se ha destapado un esquema de extorsión migratoria que afecta a nicaragüenses que desean regresar al país, según denuncias presentadas ante la prensa y organizaciones de derechos humanos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo estaría exigiendo sumas que oscilan entre $1,000 y $25,000 dólares a ciudadanos en el extranjero como requisito para autorizar su reingreso.

ESCENARIO NACIONALNACIÓN

Darío Medios

9/23/20252 min read

En los últimos meses, se ha destapado un esquema de extorsión migratoria que afecta a nicaragüenses que desean regresar al país, según denuncias presentadas ante la prensa y organizaciones de derechos humanos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo estaría exigiendo sumas que oscilan entre $1,000 y $25,000 dólares a ciudadanos en el extranjero como requisito para autorizar su reingreso.

Los testimonios coinciden en que el mecanismo inicia cuando una aerolínea impide al pasajero abordar un vuelo hacia Managua, bajo el argumento de que no cuenta con autorización para ingresar al país. A partir de ese momento, los afectados reciben llamadas de funcionarios que los califican como “golpistas” o “traidores a la patria”, y les exigen un pago inicial cercano a los $1,000 dólares para “evaluar el caso”.

Posteriormente, los montos solicitados aumentan, dependiendo de la capacidad económica del viajero, alcanzando en algunos casos hasta los $25,000 dólares. Las denuncias indican que este esquema estaría siendo coordinado por el Ministerio del Interior y la Dirección General de Migración y Extranjería.

Señalamientos contra altos funcionarios

Organismos de derechos humanos han señalado directamente al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, como el responsable de dirigir esta política migratoria represiva. Según las denuncias, las presiones no solo se limitan al aspecto económico.

En algunos casos, los migrantes también deben firmar cartas de perdón o rendición, en las que reniegan de vínculos con la oposición, además de entregar información personal y de redes sociales como condición para recuperar su derecho al retorno.

Defensores de derechos humanos advierten que esta práctica se suma a la lista de mecanismos de control y represión ejercidos por la dictadura sandinista contra los ciudadanos en el exilio. Para las víctimas, la extorsión migratoria no solo representa un golpe económico, sino también un acto de humillación y persecución política, que limita su derecho constitucional de regresar a su país de origen.