Dictadura sandinista es acusada de traficar carne ilegal a Estados Unidos
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta nuevas acusaciones internacionales por su presunta implicación en una red de tráfico de carne ilegal proveniente de territorios indígenas y áreas protegidas de Nicaragua. Según un informe revelado este martes por la campaña Patrullaje, carne de res criada en fincas ilegales dentro de zonas de alto valor ecológico está siendo exportada a Estados Unidos, donde termina en los estantes de supermercados y cadenas de comida rápida como Walmart, Kroger, Burger King, Taco Bell, Chilis y Dairy Queen.
ESCENARIO NACIONALNACIÓN
Darío Medios
10/14/20252 min read


La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta nuevas acusaciones internacionales por su presunta implicación en una red de tráfico de carne ilegal proveniente de territorios indígenas y áreas protegidas de Nicaragua. Según un informe revelado este martes por la campaña Patrullaje, carne de res criada en fincas ilegales dentro de zonas de alto valor ecológico está siendo exportada a Estados Unidos, donde termina en los estantes de supermercados y cadenas de comida rápida como Walmart, Kroger, Burger King, Taco Bell, Chilis y Dairy Queen.
El documento, descrito como “devastador”, expone un sofisticado esquema de lavado de ganado que permite que reses criadas ilegalmente en territorios invadidos sean incorporadas a la cadena formal de exportación. Estas cabezas de ganado ingresan a mataderos autorizados por el régimen sandinista, donde son procesadas y mezcladas con carne de origen legal, lo que dificulta rastrear su procedencia.
Zonas protegidas devastadas por la ganadería ilegal
El informe identifica como principales focos de la expansión ganadera ilegal los territorios indígenas Mayagna Sauní Bas, dentro de la Reserva de Biosfera Bosawás, y el territorio Rama y Kriol, ubicado en la Reserva Biológica Indio Maíz. Ambas zonas forman parte del último corredor de selva tropical de Mesoamérica y han sufrido una acelerada pérdida de cobertura forestal debido a la deforestación impulsada por la ganadería.
“Estamos viendo cómo la ganadería ilegal destruye nuestras tierras ancestrales, contamina los ríos y pone en riesgo nuestras comunidades”, alertaron guardabosques indígenas citados en el informe, quienes denuncian además la complicidad de las autoridades locales y del Ejército en el tráfico de ganado.
Estados Unidos, uno de los principales destinos
De acuerdo con datos oficiales recopilados por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), en 2024 Estados Unidos importó más de 330 millones de dólares en carne de res refrigerada y congelada desde Nicaragua, situando al país centroamericano entre los cinco mayores proveedores del mercado estadounidense.
La EIA advierte que la falta de controles y las débiles normas de etiquetado en EE.UU. facilitan que la carne de origen ilegal se mezcle con productos procesados por grandes compañías sin que el consumidor pueda conocer su verdadera procedencia.
Ninguna de las cadenas mencionadas en el informe —incluidas Walmart, Burger King, Taco Bell y Kroger— respondió a las solicitudes de comentario. Sin embargo, los procesadores Bechwood Foods y FLP Foods afirmaron confiar plenamente en las certificaciones de sus proveedores nicaragüenses, a pesar de las pruebas presentadas por la investigación.
Complicidad del régimen y crisis ambiental
Organizaciones ambientales y de derechos humanos han denunciado que el régimen Ortega-Murillo tolera y protege la ganadería ilegal, al considerarla una fuente clave de divisas y control político en las regiones autónomas del Caribe.
“El tráfico de carne ilegal desde Nicaragua no solo destruye ecosistemas de importancia mundial, sino que también implica violaciones sistemáticas de derechos humanos contra pueblos indígenas que han sido desplazados o asesinados para expandir las fincas ganaderas”, señala el informe.
La comunidad internacional exige que Estados Unidos y otros países importadores revisen sus cadenas de suministro y suspendan los contratos con mataderos vinculados a la deforestación y el despojo territorial en Nicaragua.
El caso se suma a una larga lista de denuncias que vinculan al régimen sandinista con actividades ilícitas en sectores como el oro, la madera y ahora la carne bovina, consolidando lo que analistas califican como una “economía de saqueo ambiental” bajo el control de la familia Ortega-Murillo.
