Masaya vuelve a temblar, pero esta vez no por la furia de sus volcanes, sino por una sacudida política que ha dejado al descubierto la descomposición interna del Frente Sandinista. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado una purga fulminante en la alcaldía de Masaya, que terminó con 11 trabajadores municipales encarcelados, todos ellos reconocidos activistas y cuadros de confianza del oficialismo.

Según fuentes locales, los detenidos son acusados de corrupción, aunque dentro de las filas rojinegras el mensaje es claro: el verdadero delito fue haber desafiado intereses de alto nivel dentro del partido.

Una reunión que encendió la tormenta

Todo comenzó con una reunión tensa en la alcaldía de Masaya, centrada en el traslado de la terminal de buses interdepartamental que actualmente funciona junto al mercado central. Lo que parecía un debate técnico sobre ordenamiento urbano, se convirtió en un terremoto político cuando varios funcionarios se opusieron a la medida, argumentando que el nuevo terreno beneficiaría a empresarios vinculados al Frente Sandinista y a proyectos inmobiliarios bajo la mesa.

Lo que inició como una disputa por el traslado de una terminal de buses terminó en una redada política. Rosario Murillo impone su sello de control y castigo dentro del sandinismo. Agentes de la Policía Nacional realizaron una redada selectiva, con capturas ejecutadas al estilo de Rosario Murillo: rápidas, fulminantes y con el mensaje inequívoco de quién tiene el control.

Entre los detenidos se encuentran nombres que hasta hace poco se movían con autoridad dentro del sandinismo local: Elton David Gaitán Álvarez, secretario del sindicato de la alcaldía, Catherine Samantha Ruiz Castillo, exsecretaria política del FSLN, Jonathan Eli Acevedo Canda, hasta la semana pasada intendente del mercado municipal, Iván José Ortiz Celedón, concejal por el Frente Sandinista.

También fue arrestado, aunque aún sin acusación formal, Denis Gómez, otro concejal conocido por su lealtad al partido. Los cargos oficiales incluyen venta ilegal de tramos, desfalco, cobros clandestinos y adjudicaciones corruptas. Sin embargo, fuentes internas aseguran que estas prácticas eran comunes y toleradas, siempre que contaran con el visto bueno de El Carmen, el centro de poder de la pareja presidencial.

Corrupción “sin permiso” y castigo ejemplar

Esta ofensiva fue encabezada por la Procuraduría General de la República, que en nombre de la “lucha contra la corrupción”, ejecuta lo que fuentes oficiales describen como “castigos ejemplares” contra quienes pierden la bendición del poder.

Analistas consideran que se trata de una nueva fase de la purga nacional impulsada por Rosario Murillo, quien busca eliminar cualquier indicio de autonomía o “soberbia” dentro del FSLN. “Murillo está aplicando su propio código: la corrupción solo se perdona cuando sirve al poder”, comentó una fuente política desde el exilio.

La audiencia preliminar se realizó el pasado 4 de octubre, y la audiencia inicial fue programada en tiempo récord para el 29 de octubre. El proceso judicial refleja el control total del régimen sobre el aparato judicial, que actúa no para impartir justicia, sino para disciplinar políticamente.

Con esta nueva purga, la dictadura Ortega-Murillo intimida incluso a sus propios seguidores, recordándoles que la corrupción es un privilegio reservado a la cúpula y que el poder no se comparte ni se cuestiona.