La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta un escenario regional cada vez más adverso en materia de seguridad y finanzas. Países aliados de Estados Unidos han intensificado operaciones marítimas en el Pacífico y el Caribe para frenar el narcotráfico en Centroamérica, cerrando rutas históricamente utilizadas por redes criminales internacionales y aumentando la presión sobre Nicaragua.

El golpe más contundente hasta ahora lo ha asestado El Salvador. La Marina Nacional interceptó recientemente 6,6 toneladas de cocaína en altamar, el decomiso más grande en la historia de ese país. El cargamento, localizado en el océano Pacífico, tendría un valor estimado superior a los 165 millones de dólares en el mercado internacional. Entre los tripulantes detenidos figuraban tres ciudadanos nicaragüenses, lo que vuelve a colocar a Nicaragua en el centro del debate regional sobre las rutas del narcotráfico.

Refuerzo operativo al sur

En paralelo, Costa Rica anunció el fortalecimiento de su cooperación con Washington, lo que implica mayor patrullaje en aguas cercanas a la frontera sur de Nicaragua. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, ha reiterado que el incremento de operaciones marítimas podría traducirse en más incautaciones y mayor control de movimientos sospechosos en la región.

Este refuerzo no ocurre en aislamiento. Forma parte de un entramado de coordinación regional que busca bloquear corredores utilizados por organizaciones criminales para el traslado de estupefacientes hacia el norte del continente.

Cumbre estratégica y aliados seleccionados

El presidente costarricense Rodrigo Chaves confirmó además su participación, junto a la presidenta electa Laura Fernández, en una cumbre convocada por el presidente estadounidense Donald Trump el próximo 7 de marzo en Florida. La reunión abordará el denominado “Escudo de las Américas”, un programa orientado a fortalecer la cooperación contra amenazas como el narcotráfico y el sicariato.

“Es un pequeño grupo de colegas latinoamericanos”, afirmó Chaves al referirse al encuentro. La selección limitada de mandatarios deja claro que solo asistirán aliados estratégicos de Washington, mientras el régimen de Ortega y Murillo permanece fuera del círculo de coordinación regional.

El otro frente: el oro

Pero el cerco no se limita al mar. En Washington también avanzan iniciativas dirigidas contra la minería ilegal y el comercio de oro vinculado a estructuras sancionadas. En los últimos años, el Departamento del Tesoro ha ampliado sanciones contra entidades relacionadas con la explotación y comercialización de oro nicaragüense, señalando que ese sector se ha convertido en una de las principales fuentes de divisas del régimen.

La minería aurífera ha funcionado como un pulmón financiero en medio de sanciones previas. Por ello, cualquier restricción adicional en ese sector amenaza directamente uno de los flujos económicos más relevantes para el aparato estatal sandinista.

Doble cerco: mar y finanzas

Analistas coinciden en que el tránsito de drogas y el negocio del oro representan dos ejes sensibles para la economía del régimen. Mientras la ofensiva marítima regional busca bloquear el paso de cargamentos ilícitos por agua, las restricciones financieras y comerciales apuntan a limitar el acceso a divisas frescas provenientes del sector extractivo.

El resultado es un doble cerco: marítimo y financiero. Por un lado, se estrechan las rutas del narcotráfico en el Pacífico y el Caribe; por otro, se incrementa la vigilancia sobre el comercio del oro nicaragüense.

Con decomisos históricos en El Salvador, mayor presencia operativa en aguas costarricenses y presión sostenida sobre la minería, el entorno regional se vuelve más complejo para Managua. En ambos frentes seguridad y financiamiento la dictadura sandinista enfrenta un escenario cada vez más desafiante.