La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo negó el ingreso al país al nicaragüense Jocksan Galeano Ulloa, líder de la iglesia Bautista en Nicaragua. El régimen no cesa en su guerra contra las iglesias y sus líderes, sean católicos o evangélicos.

Ortega y Murillo habrían prohibido la entrada al país a Galeano Ulloa, quien fungía como secretario general de la Convención Bautista de Nicaragua, un sector religioso que fue alcanzado por los tentáculos del régimen.

Galeano salió de viaje a Panamá para asistir a un evento de la Confederación Bautista, pero este fin de semana, a través de la página oficial de Facebook de la Convención Bautista, dijo que otros miembros de la Iglesia habían regresado a Nicaragua, pero él se quedaría “más tiempo” en Panamá sin explicar por qué.

“Pasamos días maravillosos en compañía de nuestra familia bautista latinoamericana, llevamos muchos retos y metas para nuestra Convención Bautista de Nicaragua, hoy nuestra delegación partió rumbo a nuestra patria, Nicaragua”, indicó el secretario general de la Convención Bautista en su publicación sobre la visita que le costó el destierro.

Confía en su pronto regreso

El régimen de Ortega Murillo continúa la práctica de prohibir el ingreso de ciudadanos nicaragüenses a su propio país. Este lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que desde 2018 a la fecha, 450 nicaragüenses han sido despojados de la nacionalidad por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dejándolos en condición de apatridia.

La CIDH, perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) también denunció que desde enero de 2024 a la fecha, han documentado 290 casos de connacionales a los que la dictadura les ha negado el ingreso al país.

“Más de 450 personas han sido despojadas arbitrariamente de su nacionalidad, lo que ha generado casos de apatridia. Además, según información proporcionada por las organizaciones de la sociedad civil, desde enero de 2024 se han documentado al menos 290 casos de nacionales a quienes se les ha negado la entrada al país, y 348 actos de represión migratoria, como desplazamientos forzados y expulsiones colectivas”, indica la CIDH.

La paranoia del régimen motiva las prohibiciones, sospechando de cualquier persona que sale de Nicaragua y se reúna con otros grupos sin el control gubernamental. Hasta marzo de 2025, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU documentó 259 casos de nicaragüenses a los que se les negó la entrada a su país, y 114 de esos casos ocurrieron desde marzo de 2024.