Sigilo bancario y mega operación fiscal

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo abrió un nuevo frente en su ofensiva contra el sector privado, esta vez apuntando a un poderoso emporio guatemalteco con operaciones profundas en Nicaragua: la familia Leal Pivaral.

Documentos judiciales revelan que el Juzgado Séptimo Distrito Penal de Audiencias de Managua ordenó levantar el sigilo bancario a 22 personas y 48 empresas vinculadas al grupo, además de intervenir diversas propiedades.

La medida exige que todas las entidades del sistema financiero entreguen en un plazo de dos días información detallada sobre transacciones, créditos, beneficiarios, remesas y movimientos de los últimos diez años, bajo advertencia de sanciones administrativas.

Un imperio económico bajo asedio

La familia Leal Pivaral, una de las más influyentes de Guatemala, llegó a Nicaragua hace casi tres décadas y desde entonces expandió operaciones en sectores estratégicos: agricultura, ganadería, genética bovina, arroz, café robusta, hotelería, tabaco, construcción y hasta áreas protegidas.

Su marca más reconocida, Grupo MAG, opera en siete departamentos y administra haciendas, sembradíos, molinos, hoteles y un resort en construcción.

Aunque mantenían un perfil discreto, el conglomerado controla una de las redes agro productivas y turísticas más amplias del país.

Fuentes privadas confirmaron que varias propiedades del grupo ya están siendo intervenidas, lo que aviva el temor de una confiscación de facto, réplica de procesos aplicados recientemente a otras compañías nacionales y extranjeras.

La embestida contra los Leal Pivaral se suma a una larga lista de ataques fiscales impulsados por el régimen en los últimos años: cobros millonarios, auditorías abruptas, cierres forzados y demandas tributarias consideradas arbitrarias por empresarios y analistas.

Entre los casos más graves están:

· 79.15 millones de dólares en supuestos impuestos y multas aplicados a la Compañía Recicladora de Nicaragua, lo que paralizó parte de las operaciones de la Compañía Cervecera de Nicaragua.

· 39.51 millones de dólares cobrados a Hemco, subsidiaria de la colombiana Mineros S.A.

· El caso de AGRICORP, sometida a presiones fiscales y auditorías que desembocaron en la venta forzada de parte de sus activos.

La estrategia, que inició persiguiendo ONG, universidades, microempresas y comercios, escaló hacia los grandes exportadores, industriales y ahora incluso hacia inversionistas extranjeros.

Golpe a la estabilidad y alarma internacional

Para el sector privado, este proceso confirma que el régimen ha convertido el sistema fiscal y judicial en un instrumento de castigo político y apropiación económica.

El ataque contra los Leal Pivaral envía una nueva señal de inestabilidad a la inversión extranjera, golpeando a un país que ya arrastra más de una década de contracción empresarial, cierre de más de 5,000 organizaciones y confiscaciones de universidades, medios y empresas agroganaderas.

En Nicaragua, ni siquiera los inversionistas extranjeros, están a salvo de una confiscación disfrazada de investigación financiera.