La codictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció este lunes que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha permitido a Nicaragua continuar con su demanda contra Alemania, en un movimiento que el régimen intenta presentar como un gesto de compromiso con los derechos humanos internacionales, pese a su historial de represión y violaciones sistemáticas contra los nicaragüenses.

En la demanda, presentada en 2024, la dictadura Ortega Murillo acusa a Alemania de complicidad en un presunto “genocidio” contra Gaza, por su apoyo al gobierno israelí, acusaciones que Berlín ha rechazado categóricamente.

La ofensiva diplomática de Ortega y Murillo se da en un contexto en que su administración ha sido señalada por organismos internacionales como responsable de crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y persecución de opositores.

“Hay una buena nueva”, dijo Murillo al referirse al pronunciamiento administrativo de la CIJ, que simplemente confirmó que el caso continúa en lista, sin implicar una validación de fondo.

Defiende a Palestina, pero desaparece a nicaragüenses

Con tono triunfalista, la vocera del régimen intenta posicionar esta formalidad como un logro diplomático, pese a que el aparato estatal nicaragüense sigue siendo cuestionado por su ilegitimidad y aislamiento internacional.

Murillo reiteró que Nicaragua mantiene una “postura firme” en la defensa de los derechos del pueblo palestino, un discurso que contrasta con la brutal represión que su propio gobierno ejerce contra la ciudadanía nicaragüense, donde se criminaliza la protesta y se encarcela a la disidencia.

La aparente reactivación del caso ante la CIJ es usada por el régimen como una plataforma para limpiar su imagen internacional, mientras continúa restringiendo libertades fundamentales y consolidando un modelo autoritario basado en el control absoluto del poder.

En junio, además, Nicaragua anunció que se unirá nuevamente al caso iniciado por Sudáfrica contra Israel en la CIJ, del cual se había retirado en enero por supuestos “altos costos financieros”. El giro parece obedecer más a cálculos políticos que a un compromiso real con el derecho internacional.

“Nuestra participación (…) honra la histórica de luchas y victorias con Palestina”, dijo Murillo en un discurso cargado de retórica grandilocuente, pero vacío de autocrítica respecto a las obligaciones internacionales que el propio régimen viola a diario. La paradoja de un Estado que se presenta como defensor de los derechos humanos mientras silencia, persigue y encarcela a su población, no puede pasar desapercibida.