En una maniobra que refuerza la apropiación del aparato estatal por parte del Frente Sandinista, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo eliminó oficialmente el 14 de julio como Día de la Bandera Nacional y lo reemplazó por el 4 de mayo, ahora designado como “Día de la Dignidad Nacional” y “Día de las Banderas Nacionales”.

La nueva fecha busca posicionar la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) al mismo nivel —o incluso por encima— del símbolo tradicional azul y blanco que representa históricamente a todos los nicaragüenses.

El cambio fue aprobado este domingo en una inusual sesión plenaria realizada en Tipitapa, en la que participaron diputados nacionales, representantes del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y autoridades locales.

Lejos de ser un acto cívico, la jornada sirvió para consolidar una narrativa oficial que sustituye símbolos compartidos por emblemas partidarios, en un intento evidente por monopolizar el significado de la patria.

Según la diputada sandinista Loria Raquel Dixon, una de las principales impulsoras de la reforma, el 14 de julio debía ser sustituido porque representa “una capitulación disfrazada”, en referencia al Tratado Chamorro-Bryan.

En su lugar, el régimen eleva el 4 de mayo, fecha en la que Augusto C. Sandino rechazó el Pacto del Espino Negro, como el nuevo punto de referencia para exaltar la “soberanía nacional”.

Con ello, no solo se reinterpreta la historia: se reescribe. La bandera rojinegra del FSLN, que por décadas ha sido símbolo exclusivo del sandinismo, es ahora presentada como parte del imaginario nacional.

“La bandera roja y negra es como la luz de un faro y está para proteger a la bandera nacional”, dijo la diputada María Auxiliadora Plazaola durante su intervención, sugiriendo que el símbolo partidario actúa como escudo de la identidad nacional.

Pero la implicación es más profunda: al insertar la rojinegra dentro del discurso oficial como símbolo nacional, el régimen establece una división ideológica de facto, donde solo quienes se alinean con el Frente son considerados verdaderamente nicaragüenses.

La alcaldesa de Tipitapa, Marbely Arauz Pineda, celebró el cambio y reiteró el discurso de “soberanía no negociable”, reforzando el relato de un país en permanente resistencia ante el “intervencionismo” extranjero. Sin embargo, detrás de este lenguaje se oculta un claro mensaje: la soberanía, según el régimen, no pertenece al pueblo, sino al partido.

Una bandera, dos países

El reemplazo del Día de la Bandera Nacional no es una simple decisión de calendario. Es una jugada política de alto simbolismo que intenta sepultar momentos históricos clave de la lucha cívica nicaragüense para imponer una versión partidista de la historia.

La exaltación de Sandino como figura central —desprovista de su complejidad histórica y convertida en estandarte partidario— sirve como vehículo para legitimar un proyecto autoritario que no tolera disenso.

La bandera azul y blanco, símbolo tradicional de unidad nacional, queda así subordinada al relato oficial. Este giro no tiene precedentes en la historia reciente de Nicaragua. Nunca antes un gobierno había osado redefinir los símbolos patrios en función de sus intereses partidarios, despojando a la nación de una narrativa común.

Lejos de fomentar cohesión, el cambio institucionaliza la división. La Nicaragua del régimen de Ortega no es una república con símbolos que representan a todos, sino un país fragmentado, donde la identidad nacional se redefine desde el poder, con fines ideológicos y de control.

Con este movimiento, Ortega y Murillo no solo reafirman su dominio político, sino que consolidan su control sobre la memoria histórica. Para el régimen, la historia no es un legado compartido, sino un recurso utilitario que puede ser modificado al gusto del poder.