La dictadura Ortega Murillo ha obligado a las universidades privadas de Nicaragua a izar la bandera del Frente Sandinista, impuesta como nuevo símbolo patrio a través de las abusivas reformas constitucionales aprobadas en enero pasado.

Con la imposición de la bandera del partido de gobierno como símbolo patrio, la dictadura obliga a los ciudadanos a rendirle honores, mismo con lo que no cuenta la bandera azul y blanco porque desde las protestas del año 2018, el uso o portación de la bandera está criminalizado.

Un monitoreo realizado por DarioMedios Internacional, se comprobó que aunque las reformas constitucionales donde Ortega y Murillo inscribieron su dictadura, entraron en vigencia un mes después, la bandera sandinista fue obligada a izarse a partir de este 1 de abril, mes en que se cumplen 7 años de las protestas de 2018.

Las universidades que izaron la bandera son: Universidad de Ciencias Comerciales (UCC), Universidad Católica de Nicaragua (Unica); Universidad de Managua (UdeM) y Universidad La Salle (ULSA), universidad Americana (UAM) y Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (Unicit).

En pasillos se respira libertad

A pesar que a las universidades privadas se les obligó a izar la bandera del Frente, los alumnos de esas comunidades educativas usaron sus redes sociales para señalar que aunque la bandera empañe a la azul y blanco, en los pasillos se “respira libertad”.

“A pesar de que pongan esa bandera, en los pasillos se respira libertad, lo que no ocurre con otras universidades”, escribió un joven en una publicación de la UCC.

La bandera sandinista es repudiada por la ciudadanía nicaragüense, quienes rechazan la dictadura Ortega Murillo, responsable de asesinar a 355 personas durante los días más convulsivos en el país, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),

Este jueves, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas creado para Nicaragua, identificó con nombres y apellidos a 54 represores, de quienes dijo, deberían de ser investigados y juzgados en los tribunales internacionales.

Entre los señalados en el informe se encuentran generales del Ejército y comisionados generales de la Policía, así como alcaldes, secretarios políticos, jueces, miembros de la Juventud Sandinista, fiscales y ministros.