En abril, mes marcado por la conmemoración del séptimo aniversario del estallido cívico de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó su maquinaria represiva contra la ciudadanía nicaragüense.

El más reciente informe del Monitoreo Azul y Blanco (MAB) documenta al menos 72 violaciones a los derechos humanos tanto dentro como fuera del país, revelando una escalada alarmante de prácticas como la tortura, la represión religiosa y el destierro forzado.

Tortura, hostigamiento y detenciones arbitrarias

Entre las violaciones reportadas, el informe destaca 21 casos de “torturas y tratos crueles”, la mayoría ocurridos en centros penitenciarios bajo control estatal. También se registraron 25 incidentes de “hostigamiento y control territorial”, especialmente durante Semana Santa, cuando el régimen arremetió contra expresiones religiosas públicas y actividades conmemorativas de abril.

Además, 13 personas fueron víctimas de detenciones arbitrarias, de las cuales solo tres han sido liberadas hasta el momento. La ofensiva institucional también se manifestó en 9 casos de confiscaciones ilegales y cancelación de personerías jurídicas, dirigidas contra organizaciones de la sociedad civil y empresas.

La represión migratoria completó el panorama con 9 incidentes, incluyendo la negación del ingreso al país a 11 ciudadanos nicaragüenses, en un patrón de destierro que constituye “una violación grave al derecho internacional”, denunció el MAB.

Iglesia Católica y ciudadanía bajo persecución

La Iglesia Católica continúa siendo uno de los principales blancos del aparato represivo. En abril, el régimen prohibió las procesiones tradicionales de Semana Santa y endureció el hostigamiento contra sacerdotes, templos y fieles, imponiendo vigilancia y controles sobre todas las actividades litúrgicas. “Lo que constituye una violación directa a la libertad de culto”, denuncia el informe.

El Monitoreo Azul y Blanco señala que el 64% de las agresiones fueron contra personas individuales, mientras que un 24% afectó a colectivos y el 13% responde a decisiones institucionales.

Entre las víctimas, un 38% corresponde a personas presas políticas, un 11% a ciudadanos comunes y un 9% a familiares de personas exiliadas.

Las víctimas colectivas incluyen principalmente a la Iglesia Católica (32%), seguidas por la ciudadanía en general (16%) y el sector empresarial (12%), todos ellos objetivos recurrentes de la represión estatal.

Represión sin fronteras

La capital, Managua, concentró el 44% de los casos documentados, mientras que un 23% se relaciona con incidentes a nivel nacional en otros departamentos, particularmente durante actividades religiosas. Alarmantemente, un 11% de los casos ocurrió en el extranjero, lo que confirma que “el patrón represivo del régimen trasciende las fronteras”.

El informe concluye que la “violencia física, la persecución religiosa y el destierro” no son hechos aislados, sino “pilares de la política de Estado del régimen Ortega-Murillo”, indica el informe del MAB.

Ante esta situación, el Monitoreo Azul y Blanco hace un llamado a la comunidad internacional a no bajar la guardia y a “mantener la presión y vigilancia ante la grave situación que vive el pueblo nicaragüense”, finaliza el documento.