La vocera del régimen y codictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, celebró la instalación de una nueva universidad en el edificio conocido como La Cartuja, un emblemático centro pastoral perteneciente a la Diócesis de Matagalpa, confiscado por la dictadura en el contexto de su escalada represiva contra la Iglesia Católica.

En un discurso cargado de insultos y descalificaciones, Murillo arremetió contra los sectores críticos del régimen, a quienes tachó de “fracasados” y “llenos de amargura”, al tiempo que exaltaba los supuestos avances del gobierno: “Estamos inaugurando más centros de estudios, más universidades, más hospitales”, dijo, sin hacer referencia a la represión y el cierre de decenas de instituciones educativas y religiosas desde 2018.

El edificio confiscado —La Cartuja— no solo era un espacio de retiro y formación espiritual, sino también un patrimonio de la Iglesia Católica, cargado de significado para la comunidad matagalpina.

Su confiscación por parte de la dictadura representa una nueva etapa en la política de hostigamiento sistemático contra la Iglesia Católica, cuyas propiedades, líderes y feligreses han sido objeto de persecución durante el mandato de Daniel Ortega.

Usan nombre de sacerdote revolucionario

La nueva universidad, impuesta en ese recinto y rebautizada como Camilo Torres Restrepo, hace alusión al sacerdote colombiano que optó por la lucha armada en los años 60, una figura instrumentalizada por el oficialismo para legitimar ideológicamente su proyecto autoritario bajo una fachada de religiosidad revolucionaria.

En un acto que resume el desprecio del régimen por los símbolos religiosos que no se alinean con su narrativa, la dictadura mandó a retirar la imagen de Jesús de la Divina Misericordia que presidía la entrada del edificio. En su lugar, colocaron el nombre de la nueva sede educativa, ahora dependiente de la Universidad Nacional Agraria.

Murillo insistió en que la confiscación es muestra de “cómo se defiende la paz”, ignorando que el verdadero detonante de la toma fue la actitud crítica de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, quien fue encarcelado en 2022 y desterrado a Roma en 2024 tras negarse a exiliarse voluntariamente.

Dictadura niega persecución religiosa

Pese a las reiteradas denuncias nacionales e internacionales, Murillo volvió a negar cualquier persecución religiosa: “Estamos hablando de fe, de espiritualidad y de cristianismo verdadero”, afirmó, acusando a los opositores de practicar “andanzas satánicas y diabólicas”.

La narrativa oficial contrasta con los datos documentados por la abogada Martha Patricia Molina, quien ha registrado más de 900 agresiones contra la Iglesia Católica desde 2018. Estas incluyen el encarcelamiento y expulsión de obispos, el cierre de medios religiosos, la confiscación de propiedades eclesiales, y la creciente criminalización de la actividad pastoral.

Lejos de ser un “logro educativo”, la conversión de La Cartuja en universidad representa un nuevo episodio de autoritarismo disfrazado de modernización, y un ataque directo a la libertad de culto, la educación independiente y el patrimonio espiritual de Nicaragua.