El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha transferido siete propiedades más al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ubicadas en los departamentos de Managua y Estelí. Sin embargo, los documentos oficiales no brindan información sobre la ubicación exacta, medidas o características físicas de los inmuebles, lo que impide confirmar si se trata de bienes confiscados a opositores políticos.

La orden aparece en los Acuerdos Presidenciales 58-2025 y 59-2025, publicados este martes en La Gaceta, donde se instruye a la Procuraduría General de la República (PGR) a efectuar el traspaso de propiedad a favor del INSS. Ninguno de los acuerdos incluye descripciones geográficas o referencias claras sobre los bienes involucrados.

En el caso de Managua, las propiedades se identifican únicamente mediante Números Absolutos de Propiedad (NAP):

• BI-2KY0PPYO, Asiento 1

• BI-9A81SJ, Asiento 4

• BI-9AFEO6Y, Asiento 2

• BI-XER7EC, Asiento 2

• BI-9AGN0C3

Mientras que en Estelí figuran las siguientes:

• BI-9AHUZSW, Asiento 5

• BI-2L1680GB

Silencio obligado por temor

La falta de transparencia y el historial de confiscaciones han generado sospechas de que estos inmuebles podrían haber pertenecido a ciudadanos críticos del régimen. Desde 2018, el Gobierno ha incautado numerosas propiedades a opositores, muchos de los cuales fueron posteriormente encarcelados, desterrados y despojados de su nacionalidad.

Aunque en ocasiones anteriores algunos afectados lograron identificar sus bienes entre los donados al INSS, la mayoría evita denunciar públicamente. El miedo a represalias contra familiares que aún viven en Nicaragua es una de las razones principales para guardar silencio. Esta dinámica refleja el alto nivel de presión que persiste sobre la disidencia, incluso en el exilio.

Un patrón que persiste

Estas nuevas propiedades se suman a otras transferencias similares realizadas por el régimen. El pasado 9 de agosto de 2024, Ortega y Murillo ordenaron donar al INSS un total de 72 propiedades previamente confiscadas a opositores desterrados en febrero de 2023. Al igual que ahora, en esos casos también se omitió toda información que permitiera identificar con precisión los inmuebles.

Según la versión oficial, estas donaciones forman parte de un esfuerzo por “fortalecer la Seguridad Social” y mejorar la cobertura del INSS. Sin embargo, la constante opacidad con la que se ejecutan refuerza la percepción de que se trata de una estrategia para “institucionalizar el despojo como forma de castigo político”.

La procuradora general, Wendy Morales, junto al presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, han sido nombrados representantes del Estado para formalizar las escrituras públicas de “donación” ante la Notaría del Estado.

La falta de datos verificables como dirección, extensión o linderos deja a los posibles propietarios originales sin herramientas legales ni informativas para reclamar. Esta práctica no solo limita la transparencia institucional, sino que invisibiliza a las víctimas, muchas de las cuales han perdido sus hogares, lugares de trabajo o medios de subsistencia.