El embajador del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ante la ONU, Jaime Hermida Castillo, utilizó este lunes una sesión especial de la Asamblea General en Nueva York para denunciar las sanciones internacionales como “armas de guerra económica”, en un discurso que se alineó con regímenes autoritarios y gobiernos señalados por violaciones a derechos humanos.

Durante su intervención, Hermida condenó las “medidas coercitivas unilaterales” impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias, y acusó a estos actores de utilizar las sanciones como una herramienta para forzar cambios de régimen, desestabilizar economías y “quebrar la voluntad soberana de los pueblos”.

Un discurso sin mencionar la represión interna

Lo que no mencionó el representante del régimen, fue que muchas de estas sanciones están directamente vinculadas a violaciones de derechos humanos, corrupción y la creciente represión del régimen Ortega Murillo contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes religiosos y organizaciones civiles.

La participación de Nicaragua se alineó con la posición de Irak (en nombre del Grupo de los 77 más China), Uganda (Movimiento de Países No Alineados) y Venezuela (Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU), países con serios cuestionamientos en materia de democracia y libertades.

Hermida también atacó directamente a Estados Unidos por leyes como la Nica Act y la Ley RENACER, normativas que condicionan el financiamiento internacional a la restauración de la democracia, elecciones libres y respeto a los derechos fundamentales en Nicaragua.

“Todo ello con el único fin de estrangular nuestra economía y castigar a nuestro pueblo, que no se rinde ni se vende”, dijo Hermida, ignorando que su propio gobierno ha cerrado más de 3,500 organizaciones civiles, encarcelado a decenas de presos políticos, y ha generado una masiva ola de exilio.

“Avances” que contrastan con la realidad

En un intento por presentar una imagen positiva, el embajador afirmó que Nicaragua ha logrado avances en justicia social, seguridad y servicios gratuitos, pese a las sanciones. Sin embargo, organismos independientes y multilaterales señalan lo contrario: el país enfrenta un deterioro sostenido de las libertades públicas, un éxodo migratorio sin precedentes y una economía altamente dependiente del endeudamiento externo y las remesas.

Según Hermida, más de un tercio de la población mundial está afectada por sanciones que limitan el acceso a medicinas, alimentos y tecnología. Sin embargo, omitió mencionar cómo el régimen canaliza fondos públicos hacia propaganda, represión y el enriquecimiento de un círculo de poder cada vez más reducido.

Hermida finalizó su discurso apelando a la solidaridad internacional y prometiendo que Nicaragua seguirá alzando la voz por “la paz, la soberanía y la autodeterminación”. Una narrativa que contrasta con la persecución a cualquier voz crítica dentro del país, el uso de leyes represivas como la Ley de Agentes Extranjeros, y el cierre de espacios democráticos en todos los niveles.

“Mientras algunos continúen promoviendo la amenaza y el uso de la fuerza, Nicaragua seguirá levantando su voz por la paz”, concluyó Hermida, en nombre de un régimen que criminaliza la protesta pacífica y gobierna sin contrapesos ni transparencia.