El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entregó sin vida al preso político Mauricio Alonso, de 57 años, tras mantenerlo en condición de desaparición forzada durante más de un mes. La dictadura no solo ocultó su paradero desde el 17 de julio, cuando fue secuestrado de su vivienda en Carazo, sino que además impidió a su familia realizar un funeral digno, imponiendo un entierro exprés bajo custodia policial en Jinotepe.

El cuerpo de Alonso fue entregado a sus familiares el 25 de agosto, casi 40 días después de su captura, en medio de un fuerte despliegue policial que buscó evitar cualquier autopsia independiente que pudiera revelar las verdaderas causas de su muerte.

Según el Instituto Segovia para el Liderazgo, el secuestro de Alonso ocurrió la noche del 17 de julio, cuando encapuchados armados irrumpieron en su casa y se lo llevaron junto a su esposa y su hijo. Mientras la esposa fue liberada el mismo día, tanto él como su hijo permanecieron en desaparición forzada.

Régimen intenta ocultar el crimen

Según sus familiares, Alonso no tenía vínculos con el activismo político, su familia nunca recibió información sobre su paradero, ni las razones claras de su detención. Durante semanas lo buscaron en hospitales y centros de detención sin obtener respuestas.

La decisión del régimen de controlar y acelerar su entierro refuerza el patrón de ocultamiento y represión que caracteriza a la dictadura sandinista. Una acción para evitar que familiares soliciten una autopsia que indique las verdaderas causas de la muerte, o que se inicie un proceso investigativo.

La muerte de Alonso se suma a la lista de crímenes atribuidos al régimen de Ortega-Murillo. Actualmente, más de 20 personas permanecen desaparecidas, muchas de ellas en condiciones de salud delicadas, incluyendo adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas o cáncer, a quienes se les ha negado acceso a atención médica.

La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han denunciado que estas prácticas constituyen graves violaciones a los derechos humanos, mientras el régimen insiste en mantener el hermetismo sobre la suerte de los presos políticos en Nicaragua.