La dictadura de Ortega y Murillo dan marcha atrás y ahora mandan a la asamblea a derogar la ley de cedulación para menores de edad. El cambio repentino deja en evidencia la improvisación legislativa del régimen y profundiza la inseguridad jurídica en Nicaragua, advierten expertos.

La Ley 1241, conocida como Ley de Identificación Ciudadana, que había sido presentada como un “avance histórico” para la creación de un número único de identidad para cada nicaragüense desde su nacimiento y que fue aprobada este mismo año, establecía la cedulación obligatoria para menores de 16 años.

El régimen restableció la Ley 152, que había sido derogada en febrero de este año, sin brindar mayores explicaciones. En la exposición de motivos de la nueva iniciativa, el Ejecutivo únicamente argumenta que “las leyes deben estar acorde con la realidad de cada país”, sin detallar las causas que llevaron a desechar una normativa impulsada y celebrada por el mismo régimen hace apenas unos meses.

El abogado y exdiputado liberal Eliseo Núñez en una entrevista al medio CONFIDENCIAL, cuestionó la maniobra y señaló que más allá de los motivos técnicos o presupuestarios, lo que está en evidencia es la forma autoritaria en que se legisla en Nicaragua. “Están dándole al Legislativo un tratamiento como una oficina productora de normas de la Presidencia de la República”, dijo Núñez.

El jurista también criticó que la Ley 1241 fue aprobada sin consulta pública ni debate, como ocurre con la mayoría de iniciativas enviadas desde el Ejecutivo. “Unas pocas personas deciden que algo es ley y lo imponen. Luego, cuando se dan cuenta que no funciona, simplemente lo cambian. Esto destruye por completo la seguridad jurídica”, advirtió.

Una norma costosa, sin fondos ni claridad

La Ley 1241 contemplaba la entrega de un documento de identificación a niñas, niños y adolescentes en tres rangos de edad: de 0 a 6 años, de 6 a 13 y de 13 a 16 años. Este documento debía servir de referencia oficial en trámites ante instituciones públicas y privadas, e incluía un número único con elementos biométricos para reforzar la seguridad del sistema de cedulación.

Sin embargo, el Presupuesto General de la República de 2025 no contemplaba asignaciones específicas para el proyecto, a pesar de que la Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas, adscrita al Consejo Supremo Electoral CSE, era la entidad encargada de implementarlo.

Tampoco se aclaraba si la emisión de estos documentos sería gratuita, como lo es la primera cédula de identidad en el país, ni se establecían tarifas para renovación o reposición. Actualmente, el costo por reponer una cédula de identidad por pérdida, deterioro o vencimiento es de 300 córdobas.

Más señales de improvisación por parte del régimen

La abrupta derogación de esta ley se suma a una larga lista de reformas y normativas impulsadas de maneras inconsultas y revertidas sin justificación técnica, lo que refuerza la percepción de que el marco legal del país se mueve al capricho de los codictadores y un pequeño grupo en el poder.

Para Núñez, este patrón de gobernanza autoritaria no solo afecta la aplicación efectiva de la ley, sino que genera incertidumbre sobre el contenido mismo de las normas. “En Nicaragua ya no se sabe qué ley va a cambiar mañana, ni en qué términos”, lamentó.

La decisión refuerza además el creciente cuestionamiento sobre la función de la Asamblea Nacional, que ha dejado de ejercer un rol deliberativo para convertirse en un simple brazo ejecutor de las decisiones del binomio Ortega-Murillo.