En un nuevo intento por afianzar su control absoluto sobre la educación superior en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha anunciado la creación del llamado Consejo Nacional de Rectores, un ente paralelo al ya subordinado Consejo Nacional de Universidades (CNU), que responde directamente a los intereses del régimen.

Murillo, vocera oficial del orteguismo, trató de justificar la instauración de este nuevo aparato de vigilancia académica alegando que su objetivo es “mejorar la calidad educativa”. Sin embargo, lo que realmente busca el régimen es cerrar cualquier resquicio de autonomía universitaria, sometiendo incluso a las universidades privadas a su estructura de vigilancia política.

Según explicó Murillo, los encargados de dirigir este nuevo Consejo serán los rectores de las universidades públicas, incluyendo los que hoy encabezan las universidades confiscadas por el régimen tras la brutal represión de 2018. Es decir, se trata de figuras leales al orteguismo, designadas a dedo tras la expulsión ilegal de las autoridades legítimas.

“Se crea el Consejo Nacional de Rectores de Universidades para atender todos los temas relacionados con la academia y las extensiones universitarias en sus distintas modalidades, así como el desarrollo de las diferentes profesiones y carrera”, declaró Murillo, en otro de sus acostumbrados monólogos.

La esposa del dictador también aseguró que este nuevo órgano forma parte de un supuesto “reordenamiento institucional” con el que se busca “optimizar el funcionamiento de universidades públicas y privadas”. En la práctica, se trata de una reestructuración orientada al adoctrinamiento ideológico y la eliminación de cualquier espacio de pensamiento crítico dentro del sistema educativo.

Consejo bajo tutela de la PGR

El Consejo estará bajo la tutela de la Procuraduría General de la República (PGR), una entidad clave en el aparato represivo del régimen, usada para arrebatar alcaldías opositoras, expropiar bienes y legalizar el despojo a ciudadanos desterrados y desnacionalizados.

Entre las instituciones que integrarán este nuevo Consejo figura la Bluefields Indian & Caribbean University (BICU), una universidad autónoma por tradición, pero que ahora parece estar alineada con el esquema de control estatal impuesto por Ortega y Murillo.

Esta nueva movida autoritaria confirma que el régimen no solo persigue el control del poder político, sino también la hegemonía total sobre el pensamiento, la educación y la cultura del país. El Consejo Nacional de Rectores no es más que una herramienta para consolidar una universidad al servicio del partido y de la represión.