La ofensiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia católica en Nicaragua sigue dejando huellas visibles. Esta semana, la dictadura anunció con pompa la inauguración del “Centro de Salud Mental Doctor Jacobo Marcos Frech”, un nuevo centro médico instalado en las instalaciones que, hasta hace poco, pertenecían a las Hermanas Clarisas Franciscanas en Chiquilistagua, Managua.

El anuncio oficial omite el trasfondo represivo: el edificio fue confiscado tras la expulsión arbitraria de la orden religiosa, que fue despojada de su personería jurídica en mayo de 2023, en lo que el régimen justificó como "incumplimientos administrativos".

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales lo han denunciado como parte de una política sistemática de represión religiosa. Las Clarisas habían mantenido presencia legal en el país desde 2004.

Ahora, el convento ha sido reconvertido en una extensión del Hospital de Atención Psicosocial “Dr. José Dolores Fletes”. Según la doctora María Mercedes Correa, directora del centro, el equipo contará con psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y médicos generales.

El lugar ofrecerá atención en crisis, laborterapia y medicina natural. “Estamos cumpliendo con la orientación de acercar la salud mental a la comunidad”, declaró Correa, quien también destacó que el centro lleva el nombre de Jacobo Marcos Frech, un militante sandinista y figura reconocida en la psiquiatría local.

El régimen también aseguró que el centro servirá como espacio de formación y discusión clínica. “Invitamos a la población a no temer y a aprovechar estos servicios”, agregaron las autoridades en tono propagandístico.

Guerra contra la Iglesia

Sin embargo, más allá del discurso oficial, la reconversión de espacios religiosos confiscados se ha vuelto una constante del régimen desde la crisis sociopolítica iniciada en 2018. Iglesias, conventos y propiedades vinculadas a congregaciones católicas han sido tomadas y transformadas en centros estatales con fines culturales, asistenciales o administrativos, en una clara señal del antagonismo creciente entre el sandinismo gobernante y la Iglesia católica.

La persecución, además, ha incluido expulsiones, encarcelamientos y censura contra figuras religiosas críticas del Gobierno.

En este contexto, lo que fue un lugar de recogimiento espiritual para las Clarisas abrirá ahora sus puertas como centro de salud mental, bajo la administración de un régimen que ha hecho de la confiscación una práctica institucionalizada.

Fotografías difundidas por medios oficialistas muestran que aún permanecen en el edificio algunas imágenes religiosas dejadas por las monjas, como testigos mudos de un espacio despojado a la fuerza.