El régimen de Daniel Ortega continúa afianzando el control sobre los bienes expropiados a voces críticas del gobierno. Esta vez, la Procuraduría General de la República (PGR) ordenó la “donación” de siete propiedades al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), todas ubicadas en el departamento de Managua.

Los inmuebles fueron previamente confiscados a opositores políticos, defensores de derechos humanos, empresarios, periodistas, excarcelados políticos, miembros de la Iglesia y organizaciones no gubernamentales.

La medida fue oficializada a través del Acuerdo Presidencial 56-2025, publicado en La Gaceta, Diario Oficial, y describe las propiedades bajo un esquema de Números Absolutos de Propiedad (NAP) cuya opacidad dificulta que los legítimos dueños conozcan el estado actual de sus bienes o inicien cualquier tipo de reclamo legal.

Los códigos utilizados por el régimen son BI-9A6U8M9, asiento 2º y 4º; BI-9ABPI3P, asiento 2º; BI-9ACX6K1, asiento 4º; BI-2KSWVR2S, asiento 4º; BI-9A6892M, asiento asiento 2º; BI-9ACXABL, asiento 2º; y BI-9A99O8A, asiento 3º y forman parte de una estructura diseñada para entorpecer la trazabilidad y la transparencia.

Como justificación para esta transferencia, el régimen alega que se realiza con el propósito de “fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses”, invocando un supuesto plan para “aumentar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y sus familias” y reforzar la “capacidad institucional” del INSS.

Castigo político contra críticos

Sin embargo, detrás del lenguaje tecnocrático y las promesas de bienestar social, se esconde un patrón sistemático de confiscación de bienes como mecanismo de castigo político y consolidación patrimonial del Estado. Una política que, según múltiples organismos de derechos humanos, constituye una forma de represión económica contra quienes se han opuesto al gobierno.

La normativa también otorga a la Procuradora General facultades amplias para redactar el contrato de donación con las cláusulas que estime convenientes para “salvaguardar los intereses del Estado de Nicaragua” y ejecutar todos los actos necesarios para formalizar la transferencia, desde trámites administrativos hasta registros notariales.

El acuerdo finaliza señalando que la certificación del mismo, junto con la toma de posesión tanto de la Procuradora como del presidente del INSS, bastará como “documentos habilitantes para acreditar sus representaciones”, oficializando así una transferencia cuya legitimidad moral y legal es cada vez más cuestionada por la comunidad internacional.