Luego de la reforma a la Constitución Política mediante procedimientos inconstitucionales para ampliar el poder de Ortega y Murillo, la dictadura prepara las reformas de almenos 7 leyes, para acomodarlas a sus necesidades.

Los cambios a la Constitución, fueron presentados por la pareja dictatorial como una “modernización” y “reforma parcial” de la Constitución vigente desde 1987. Pero la reforma acabo con la separación de los poderes del estado y le dio el rango de copresidenta a Murillo.

Desde el regreso de Ortega a la presidencia en 2007 se han implementado doce reformas constitucionales. En esta ocasión, los cambios aprobados por la dictadura, afectaron a más de cien artículos de la Constitución Política.

Ahora ya con una constitución a la medida, el régimen debe consolidar la reconstrucción de su estado totalitario modificando las leyes constitucionales y orgánicas. Dos de estas ya fueron reformadas totalmente en marzo de 2024: la Ley Electoral y la Ley Orgánica del Sistema Judicial.

El régimen también ha aprobado una decena de leyes, reformas y normativas represivas, para acabar con la oposición, la sociedad civil y medios de comunicación.

Leyes a la medida de la dictadura

Analistas y expertos constitucionales coinciden en que la dictadura está creando desde cero un nuevo Estado, por lo que urge reformar la mayoría de leyes. Las reformas incluyen la ampliación de las leyes constitucionales, que antes eran tres y ahora serán cuatro, y la modificación a cinco leyes de tipo ordinarias.

Las leyes constitucionales que serán reformadas son; Ley 44 o Ley de Emergencia, Ley 331 Electoral, Ley 983 de Justicia Constitucional, y la Ley 28 Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe. En los cambios a la Ley Electoral se destaca la ampliación del periodo presidencia de 5 a 6 años y la creación de la copresidencia.

En cuanto a las leyes orgánicas, serán modificadas; Ley 40 de Autonomía Municipal, Ley 260 Orgánica del Poder Judicial, Ley 290 de Atribuciones y Competencias del Poder Ejecutivo, Ley 606 del Poder Legislativo, y la Ley 501 de Carrera Judicial.

Tanto en la Ley del Poder Legislativo, Ley 260 o Ley Orgánica del Poder Judicial, el cambio fundamental se basa en la subordinación tanto de la Asamblea, como La Corte suprema de justicia a la presidencia, pues en la nueva constitución, se elimina la separación de poderes del Estado y pasan a ser órganos de la copresidencia.