En un nuevo golpe a la autonomía universitaria en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha trasladado el control de las becas estudiantiles a la Procuraduría General de la República PGR, institución que ahora funge como máxima autoridad financiera de las universidades públicas, tras la reciente reforma a la Ley 89 de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.

Desde la aprobación de la reforma en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo y su publicación en La Gaceta el pasado 9 de junio, estudiantes de varias universidades públicas comenzaron a denunciar la cancelación abrupta de sus becas y la imposición de un nuevo proceso de solicitud directamente bajo supervisión de la PGR.

Videos difundidos por los propios estudiantes muestran largas filas en las instalaciones de la Procuraduría, donde fueron trasladados por sus universidades para cumplir con los nuevos requisitos. “Nos llevaron a las 3:00 p. m. y salimos a las 6:00 p. m., pero todavía había estudiantes esperando su turno en filas interminables”, relató uno de los afectados, que pidió anonimato.

Más procedimientos burocráticos y manipulación política

El 10 de junio, las universidades públicas UNI, UNAN-Managua y la Universidad Nacional Politécnica UNP publicaron en sus páginas oficiales las nuevas convocatorias de becas administradas por la Procuraduría, confirmando así las denuncias de los estudiantes.

Según el nuevo procedimiento, los aspirantes deben presentar una carta dirigida a Ortega y Murillo, quienes se autodenominan “copresidentes”, junto con otros documentos como matrícula, certificado de notas y copia de cédula. Todo debe ser entregado personalmente en las oficinas de la PGR antes del 20 de junio.

Mientras los estudiantes exponen la burocracia y el temor que rodea el nuevo proceso, operadores del régimen intentan minimizar las denuncias en redes sociales, calificándolas de “falsas” y alegando que solo se trata de actualizar expedientes.

Un control político disfrazado de supervisión financiera

La reforma a la Ley 89 no solo altera el mecanismo de las becas, sino que también otorga a la Procuraduría General amplios poderes administrativos y de supervisión financiera sobre las universidades públicas, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

El nuevo artículo 55 bis establece que la PGR será “regente” de las universidades, un término que, según el académico y ex rector Ernesto Medina, implica que la Procuraduría podría asumir un rol de gobierno dentro de las instituciones educativas, eliminando los últimos vestigios de autonomía universitaria.

“Es la primera vez que la Procuraduría aparece mencionada en la Ley 89, y el hecho de que se le otorgue la regencia implica que ahora tiene poder directo sobre las decisiones administrativas de las universidades”, alertó Medina.

Además, la reforma abre la posibilidad de que universidades privadas alineadas con el oficialismo puedan recibir fondos estatales, ampliando el aparato de control político sobre la educación superior en el país.

Con este nuevo paso, el régimen de Ortega profundiza la subordinación de las universidades públicas al aparato estatal, consolidando un sistema donde el acceso a la educación superior queda condicionado a la lealtad política y al control absoluto del poder ejecutivo.

Cambios podrían estar relacionados a mala administración de fondos

Los rumores en la universidad apuntan al reciente despido de la exrectora Ramona Rodríguez, quien recientemente fue removida de su cargo y reubicada en otras funciones, estaría directamente relacionado con un "robo" de los fondos de las becas, lo que explicaría la falta de pagos. Las especulaciones tienen lugar por el hermetismo y la falta de justificación de los despidos.

Otra versión sugiere que la universidad simplemente se ha quedado sin fondos para cubrir estas obligaciones, lo que se agrava al conocerse que incluso los dirigentes de la UNEN Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, encargados del control y vigilancia de los universitarios, tampoco han recibido sus salarios.

La situación ha generado incertidumbre y un malestar silencioso en la comunidad universitaria, y sobre todo en los afectados. La denuncia detalla que los estudiantes beneficiarios de la beca “interna especial”, diseñada para aquellos que no acceden al internado no han recibido sus pagos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio.