El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha aprobado una nueva Ley de Protección de la Franja Fronteriza, que ha sido calificada como una "mega-confiscación" de propiedades. Esta legislación está diseñada para castigar al empresariado, a quienes el régimen considera traidores. La ley establece que el Estado nicaragüense es el propietario de todo el territorio a 15 kilómetros de las fronteras nacionales, lo que legaliza el robo de centenares de propiedades privadas.

El mayor golpe de esta medida confiscatoria recae directamente sobre los influyentes empresarios: Carlos Pellas y Ramiro Ortiz. Sus corporaciones familiares, que poseen importantes activos dentro de la zona fronteriza, han visto cómo sus propiedades han perdido su valor ante la banca, ya que ahora son consideradas propiedad del Estado y se encuentran a la espera de su expropiación.

La medida es vista como una escalada en la "cultura confiscatoria" del régimen, que utiliza la excusa de la defensa de la soberanía para tomar el control de zonas agrícolas de alta calidad como el valle de Jalapa y la cordillera de Dipilto. Al centrar sus ataques en figuras clave del sector privado, el régimen busca reafirmar su poder y enviar un claro mensaje de advertencia a cualquier empresario que se oponga a sus políticas.

"cultura confiscatoria" del régimen sandinista

La legislación, que ha generado alarma entre la población y el sector privado, establece que el Estado nicaragüense es el propietario de todo el territorio ubicado hasta 15 kilómetros desde cualquier punto de la frontera nacional.

El artículo 2 de la ley establece que "para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional, la integridad territorial, la independencia del país y la paz, el territorio fronterizo es propiedad del Estado nicaragüense". Esta medida, bajo la mampara de la defensa de la soberanía, pone bajo control zonas militares agrícolas de alta calidad, como el valle de Jalapa y la cordillera de Dipilto, así como la propiedad de todos los municipios fronterizos. El área afectada abarca aproximadamente 18,000 kilómetros cuadrados, una extensión similar al territorio de El Salvador.

La acción no sorprende, es vista como una escalada en la "cultura confiscatoria" del régimen sandinista, que en el pasado ha expropiado bienes a opositores políticos, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales. La medida busca, además de la apropiación de tierras, eliminar los "puntos ciegos" en las fronteras, permitiendo al Estado vigilar cada movimiento y reforzar su control sobre el territorio.