Los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo acechan las propiedades de los empleados públicos. A través de la Contraloría General de la República, el régimen está obligando a los trabajadores de todas las instituciones a rendir cuenta de sus bienes, según reveló la plataforma de noticias Confidencial.

El más reciente zarpazo del régimen sandinista es obligar a empleados públicos a declarar todo su patrimonio, exigiéndoles detallar sus propiedades y vehículos, los números de cuentas bancarias del trabajador, de su pareja y sus hijos, además quieren conocer los préstamos, y hasta los bienes de su cónyuge.

En muchos de los empleados estatales que ya fueron obligados a declarar hay temor, pero también sobra la indignación, de que el gran ojo del Estado quiera saberlo todo, lo que además constituye una flagrante violación a sus derechos laborales.

La notificación de declaración le llega a los empleados vigilados en físico, luego, a través de un correo electrónico le hacen llegar un “nombre de usuario y contraseña” para que acceda a la página de la Contraloría y haga su declaración patrimonial.

Cada trabajador público debe declarar la propiedad, El número de registro, folio y tomo de los títulos de propiedades a su nombre.

• La circulación vehicular para poner los datos del o los vehículos en el sistema.

• Los números de todas las cuentas bancarias, incluyendo la de pago.

• Los números de referencia de los préstamos que tengan.

• Los bienes y cuentas bancarias de los cónyuges, e hijos menores de edad.

Algunos fueron obligados a entregar esta declaración en el 2024, otros en 2025 y algunos no han sido notificados.

Declaración viola derechos laborales

Aunque en Nicaragua existe la Ley 438 y de Probidad de los Servidores Públicos, sólo empleados de alto rango o dirección, dependiendo de la naturaleza de su cargo, deberían declarar.

Los empleados públicos han perdido total confianza en el Estado, reconocen que prima la ilegalidad y arbitrariedades, temen que ante posibles purgas el estado les confisque sus casas obtenidas con gran esfuerzo.

Con esta medida los empleados públicos han perdido cualquier asomo de privacidad. Hace más de un año tienen prohibido salir de viaje sin notificarlo, en muchas ocasiones tales permisos son denegados.

Les vigilan las actividades sociales que asisten a través de sus redes sociales y hasta son obligados a utilizar sus propias redes para campañas de propaganda del régimen. Tampoco tienen libertad de renunciar a sus cargos porque eso atenta contra su liquidación o pago de prestaciones sociales y hasta puede ser considerado una traición a la patria que puede significar la cárcel.

El cansancio impera, pero también el miedo a la cárcel, al destierro, a la confiscación y a las represalias contra los suyos.