Desconocen paradero de ciudadanos secuestrados por la Policía en Jinotepe previo al 19 de julio
Los operativos se realizaron sin órdenes judiciales, con uso excesivo de fuerza, allanamientos violentos y la incautación de celulares y equipos electrónicos. Las víctimas fueron sacadas de sus viviendas sin explicación alguna. La policía no informó oficialmente sobre las detenciones y, cuando las familias intentaron localizarlos en las oficinas de Auxilio Judicial o en el Distrito Tres de Managua, fueron enviadas de un lugar a otro sin obtener respuestas.
ESCENARIO NACIONALNACIÓN
Darío Medios
7/22/20253 min read


Una nueva ola de secuestros arbitrarios fue desatada por la Policía Nacional en Jinotepe, Carazo, en los días previos al 19 de julio, fecha que el régimen Ortega-Murillo celebra como “triunfo revolucionario”. Ocho personas fueron capturadas entre la noche del jueves 17 de julio y la madrugada del día siguiente, en un operativo coordinado que incluyó a agentes uniformados y civiles armados. Entre los detenidos se encuentra el pastor evangélico Rudy Palacios Vargas, según confirmó al medio CONFIDENCIAL una fuente cercana a las familias afectadas.
Los operativos se realizaron sin órdenes judiciales, con uso excesivo de fuerza, allanamientos violentos y la incautación de celulares y equipos electrónicos. Las víctimas fueron sacadas de sus viviendas sin explicación alguna. La policía no informó oficialmente sobre las detenciones y, cuando las familias intentaron localizarlos en las oficinas de Auxilio Judicial o en el Distrito Tres de Managua, fueron enviadas de un lugar a otro sin obtener respuestas. En el Distrito Tres, incluso les recomendaron reportarlos como “desaparecidos” en Plaza El Sol, a pesar de que fueron agentes estatales quienes se los llevaron.
La persecución ocurrió en un lapso de tres horas y media, entre las 7:00 y las 10:30 p.m., comenzando con el allanamiento a la vivienda de Olga María Lara Rojas, de 42 años. Poco después, otros agentes irrumpieron en las casas de los hermanos Jéssica (46), Arely y Rudy Palacios Vargas (57), llevándose también a los esposos de las dos primeras: Pedro López y Armando Bermúdez, respectivamente. La lista de secuestrados se completa con Mauricio Alonso Prieto y su hijo del mismo nombre.
Las familias describieron el operativo como un “acto de terror”: los agentes usaron la fuerza para romper puertas con fusiles o herramientas como la llamada “pata de chancho”, y se llevaron a las personas sin mediar palabra ni presentar documentos legales.
Detenidos estuvieron vinculados al Frente Sandinista en el pasado
Varios de los detenidos tienen antecedentes de vinculación política con el Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN, aunque rompieron con el partido mucho antes de la Rebelión de Abril de 2018. Olga María y Jéssica Palacios fueron concejalas sandinistas en el pasado; el pastor Rudy Palacios también fue militante del FSLN. “El régimen no perdona que estas personas hayan sido parte del Frente y luego se apartaran. Ese acto de conciencia les costó el exilio, la persecución y ahora el secuestro”, dijo la fuente.
Mauricio Alonso Prieto, otro de los detenidos, es un excombatiente de la lucha contra la dictadura somocista, donde participó en el Frente Sur “Benjamín Zeledón”. Su captura fue especialmente indignante para quienes conocieron su trayectoria revolucionaria.
La represión selectiva en vísperas de fechas clave no es nueva. Organismos como el Monitoreo Azul y Blanco han documentado desde hace años que el régimen ejecuta redadas similares antes de cada aniversario de abril o del 19 de julio, como parte de su estrategia de control y amedrentamiento social.
El caso de Rudy Palacios refleja esta constante vigilancia: tras regresar del exilio en 2020, fue confinado a casa por cárcel, con visitas periódicas de la Policía que se intensificaron en los últimos meses. Lo mismo ocurrió con Olga María, cuya supervisión pasó de mensual a semanal.
“Nos duele y nos alarma. Sabíamos que los tenían vigilados, que los presionaban y amenazaban, pero nunca imaginamos que se los llevarían así, sin decir nada, como si no tuvieran derechos, como si no existieran”, lamentó la persona entrevistada, que pidió el anonimato por temor a represalias. Hasta el cierre de esta nota, las ocho personas permanecen en condición de “desaparecidos forzados”, al no haber confirmación oficial sobre su paradero o situación legal.
