La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado un nuevo golpe a la institucionalidad en Nicaragua al designar a Juan Victoriano Ruiz Urbina, acusado por la ONU de crímenes de lesa humanidad, como uno de los dos nuevos jefes de la Policía Nacional.

El nombramiento fue oficializado hoy en La Gaceta, Diario Oficial, tras la reciente reforma constitucional que modificó el artículo 125 para permitir que la Presidencia designe a dos directores generales de la Policía en lugar de uno. Con esta medida, Ruiz Urbina compartirá el mando con el actual jefe policial y consuegro de Ortega, Francisco Díaz.

La designación ha generado duras críticas dentro y fuera del país, ya que en abril de este año Ruiz Urbina fue incluido en una lista de 54 funcionarios acusados por expertos de Naciones Unidas de cometer crímenes de lesa humanidad en el marco de la represión contra la oposición. Aunque estas acusaciones no equivalen a sanciones formales por parte de Estados Unidos, el ascenso meteórico de Ruiz Urbina dentro de la Policía ha sido visto como una recompensa directa a su lealtad al régimen.

De El Chipote a la cúpula policial

En septiembre de 2023, Ruiz Urbina fue nombrado jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, cargo que lo puso al frente del complejo penitenciario El Chipote, tristemente célebre por ser un centro de tortura y represión contra presos políticos. Desde esa posición, su figura se consolidó como uno de los pilares de la maquinaria represiva de Ortega y Murillo.

A pesar de que la Ley 872 de la Policía establece plazos mínimos para los ascensos, Ruiz Urbina escaló de forma acelerada de teniente a comisionado general, rompiendo todos los protocolos internos.

Privilegios y poder absoluto

Su lealtad también ha sido premiada con beneficios personales. De acuerdo con informes independientes, Ruiz Urbina reside en una propiedad confiscada por el Estado, lo que para los críticos constituye un pago por sus servicios en la represión.

En mayo de 2025, una circular oficial otorgó a Ruiz Urbina y a Francisco Díaz la potestad exclusiva de autorizar embargos y desalojos, una disposición que, según juristas, pone a la Policía Nacional por encima del propio sistema judicial.

Condena internacional

Organizaciones de derechos humanos han calificado su nombramiento como una “burla al Estado de derecho” y una ofensa a las víctimas de la represión estatal. “Designar a un individuo señalado de crímenes de lesa humanidad al frente de la Policía envía un mensaje de desafío absoluto a la comunidad internacional”, señalaron en un comunicado.

La movida confirma lo que muchos analistas ven como una estrategia de Ortega y Murillo: consolidar el control de las instituciones a través de figuras de extrema confianza, aunque estén manchadas por graves violaciones a los derechos humanos.