Lo que hasta hace poco parecía impensable dentro del círculo más íntimo del poder sandinista, hoy se ha confirmado. Joseph Efraín Martínez Salinas, funcionario cercano a Rosario Murillo y operador político con acceso a las oficinas más sensibles del Estado, fue capturado en Matagalpa por la Policía Nacional y trasladado a la temida cárcel de El Chipote.

Martínez, quien durante años gozó de la confianza de la codictadora, enfrenta ahora cargos por usurpación de identidad, tráfico de influencias, estafa agravada y apropiación de propiedades en nombre del régimen. Sin embargo, según fuentes consultadas, las acusaciones responden menos a hechos concretos que a un patrón de depuración interna promovido por Murillo contra sus antiguos leales.

Una nueva víctima de la maquinaria judicial

El caso de Martínez se inscribe en una dinámica que ha convertido a la Procuraduría General de la República PGR, bajo el mando de Wendy Morales, en un brazo disciplinador al servicio de Rosario Murillo. Lo que antes era un órgano técnico legal, hoy opera como guillotina política contra funcionarios, e colaboradores y empresarios que alguna vez fueron útiles al régimen, pero que ahora representan un riesgo o una incomodidad.

La llamada “cruzada anticorrupción” liderada por Morales ha sido aplicada de manera selectiva, transformando los cargos de corrupción y abuso de poder en el nuevo lenguaje de castigo por deslealtad. Nadie se escapa a esta nueva dinámica de sometimiento por parte del régimen.

Del círculo íntimo al destierro interno

La detención de Martínez fue abrupta y sin previo aviso. Una unidad especial de la Policía Nacional ejecutó el operativo en coordinación con la Procuraduría. Según fuentes bajo reserva, su captura refleja una tendencia clara: quien cae en desgracia dentro del círculo del poder orteguista termina frente a un tribunal controlado o en las celdas del Chipote, sometido a condiciones inhumanas.

Martínez no era un funcionario cualquiera. Su papel en la oficina de Rosario Murillo lo colocaba en una posición estratégica, con acceso a información sensible y contactos de alto nivel. Esa cercanía, que en algún momento lo blindó, se ha convertido ahora en su mayor condena.

Con su arresto, se confirma que el régimen Ortega-Murillo no perdona ni a los propios. La maquinaria represiva sigue girando, mostrando a sus bases que nadie está a salvo, por más leal o útil que haya sido en el pasado.