A pesar de que el Organismo de Investigación Judicial OIJ de Costa Rica concluyó que el periodista Danilo Aguirre Sequeira tiene “nivel de participación y responsabilidad” en el atentado armado contra el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto, Aguirre permanece libre y sin restricciones en Nicaragua.

El subdirector del OIJ, Michael Soto, confirmó a CR Hoy que Aguirre debería responder ante la justicia costarricense. Sin embargo, las posibilidades de extradición son prácticamente nulas. “En Nicaragua no hay extradición de nacionales y además las relaciones diplomáticas están complicadas”, afirmó Soto, dejando claro que el sistema judicial costarricense está atado de manos frente a este caso.

El atentado, ocurrido el 10 de enero de 2024 en San José, fue ejecutado por una banda criminal de al menos ocho personas, incluidos tres nicaragüenses. De acuerdo con documentos judiciales revisados por tres medios, entre ellos Nicaragua Investiga, la operación fue meticulosamente planificada y con posibles móviles políticos que apuntan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Vive libremente en Nicaragua mientras Costa Rica cierra investigación

Danilo Aguirre Sequeira, quien huyó a Nicaragua tras el ataque, ha sido captado recientemente en Managua sin que pese sobre él ninguna restricción visible. A inicios de junio, un canal oficialista lo grabó participando en la escena de un accidente vial en la carretera a Masaya. Aguirre intentó evitar ser grabado, pero fue identificado claramente en las imágenes.

El hecho de que una persona señalada como partícipe en un crimen de carácter político, investigado por una institución judicial seria como el OIJ, se mueva libremente en Nicaragua sin ser abordado por la Policía Nacional o cuestionado por los medios oficialistas, confirma la protección que gozan ciertos personajes vinculados al régimen.

Mientras tanto, Joao Maldonado, quien ha sobrevivido a dos atentados y su esposa continúan luchando por justicia desde el exilio, enfrentando no solo las secuelas físicas y emocionales del ataque, sino también la indiferencia de un Estado que protege a quienes podrían estar detrás del crimen.