Mientras el régimen de Daniel Ortega mantiene un absoluto silencio sobre la llegada de vuelos con deportados, el número de nicaragüenses expulsados desde Estados Unidos sigue en aumento. Solo en lo que va de junio, dos nuevos vuelos con 298 connacionales deportados aterrizaron en Managua, elevando el total de retornados a 1899 desde enero de 2025, según un monitoreo independiente de CONFIDENCIAL basado en datos del investigador Thomas Cartwright y fuentes del Gobierno estadounidense.

Los vuelos partieron desde Luisiana, e hicieron escala en la base naval de Guantánamo, Cuba, donde recogieron a unos 30 deportados adicionales. Las aeronaves arribaron a Nicaragua al mediodía, operadas por la aerolínea Global X Global Crossing, contratada por Classic Air Charters, una de las compañías subcontratadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE.

Desde principios de 2025, se han identificado 16 vuelos con deportados nicaragüenses; 15 de ellos bajo la actual administración de Donald Trump, que ha endurecido drásticamente la política migratoria. Ocho de estos vuelos han transitado por Guantánamo, trasladando desde allí a más de 160 nicaragüenses.

Régimen de Ortega Murillo ha optado por el silencio.

Mientras los vuelos se multiplican, el La última vez que el Ministerio del Interior MINT informó oficialmente sobre el número de repatriados fue el 27 de enero de 2025. Desde entonces, las autoridades han recibido a al menos 14 vuelos adicionales sin ofrecer detalles públicos sobre el número de deportados, sus condiciones o el acompañamiento que reciben a su regreso.

Este secretismo contrasta con el alto perfil que el Gobierno suele dar a otros programas de retorno voluntario promovidos en el pasado, dejando a cientos de familias en la incertidumbre y sin acceso a información oficial sobre sus parientes retornados.

También se ha conocido de retenciones arbitrarias a migrantes de los grupos de deportados, de cobros ilegales para poder ingresar al país y hasta de amenazas tanto a los migrantes como sus familiares, luego de ser reconocidos como opositores al régimen. Situación que preocupa a miles de nicaragüenses que optaron por migrar después del 2018.

Comienza la revocatoria masiva del parole humanitario

En paralelo al aumento de deportaciones, el Departamento de Seguridad Nacional DHS de EE.UU. Inició en las últimas semanas el envío masivo de notificaciones de cancelación del parole humanitario a miles de migrantes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela. Estas notificaciones anulan de forma inmediata los permisos de residencia temporal y trabajo, y ordenan abandonar el país voluntariamente, bajo la amenaza de deportación forzada.

Una nicaragüense a quien llamaremos Cristina por motivos de seguridad, comparte a Darío Medios, su preocupación por el fin del parole. ”Si me preocupa porque vine aquí a buscar una mejoría para mí y mi familia, todavía no se ha cumplido mi tiempo y ha sido poco lo que he podido hacer” nos comenta.

Otro joven nicaragüense viajó en busca de oportunidades laborales, pero el tiempo para que le entregaran su permiso de trabajo tardo más de lo esperado. “Estuve más de 4 meses sin poder tener un buen empleo por falta de mi permiso de trabajo, eso me afecto bastante, apenas estaba logrando algo y nos dicen ahora que debemos salir” Lamenta Luis mirante nicaragüense beneficiado con el parole en Texas.

El parole humanitario, creado por la administración Biden en 2022, permitió el ingreso mensual de hasta 30.000 migrantes de estos países con el respaldo de patrocinadores financieros en EE. UU. En total, unos 93.000 nicaragüenses lograron acogerse al programa. Sin embargo, la nueva política migratoria de Trump —apoyada por sectores radicales antiinmigrantes— está desmantelando este mecanismo, dejando a decenas de miles de personas expuestas a la expulsión.

Un drama migratorio invisibilizado

La combinación del endurecimiento de las políticas migratorias en EE. UU. y la política de silencio del régimen Ortega-Murillo en Nicaragua configura un drama migratorio creciente, que golpea especialmente a familias nicaragüenses que buscaron protección y oportunidades tras la crisis política y represiva que estalló en 2018.

Los deportados no solo enfrentan el retorno forzoso a un país bajo control autoritario, sino también la falta de apoyo oficial, la persecución política y la precariedad económica. Mientras tanto, el Gobierno de Ortega evita asumir públicamente el costo político y social de este flujo constante de deportaciones.

Aunque algunos beneficiarios han iniciado procesos de ajuste de estatus —como solicitudes de asilo o de residencia permanente—, ya se han documentado casos de migrantes en trámite que también han recibido notificaciones de cancelación, lo que alimenta la incertidumbre jurídica y el temor generalizado en las comunidades migrantes.