Delegaciones de Costa Rica y Nicaragua se reunieron este 28 de febrero en territorio nicaragüense para abordar el incremento de la minería ilegal en la zona fronteriza y el traslado irregular de oro a través del río San Juan.

La reunión fue solicitada por el Gobierno costarricense y contó con la participación del ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, y el canciller Arnoldo André Tinoco. Por parte de Nicaragua participaron el canciller Denis Moncada y el co-canciller Valdrack Jaentschke, junto a mandos policiales y autoridades de seguridad de ambos países.

El encuentro se centró en coordinar mayores patrullajes en el río San Juan bajo soberanía nicaragüense y fortalecer los mecanismos de cooperación para frenar el traslado de sedimentos auríferos provenientes de explotaciones ilegales en el norte de Costa Rica, especialmente en la zona de Crucitas.

El problema: oro, contrabando y expansión ilegal

Costa Rica ha denunciado que la minería ilegal en la frontera se ha expandido de manera significativa en los últimos meses. El uso de mercurio y otros químicos ha generado daños ambientales severos, mientras redes de extracción informal trasladan el oro por vía fluvial hacia Nicaragua, donde presuntamente es comercializado.

Las autoridades costarricenses han insistido en que, sin mayor control del lado nicaragüense, el contrabando no podrá ser detenido.

El acuerdo alcanzado establece reforzar la vigilancia conjunta y mejorar la coordinación policial en la zona.

Pero el anuncio abre una pregunta más profunda.

Un régimen bajo cuestionamiento

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no llega a este acuerdo con un historial limpio en materia de transparencia minera. En los últimos años ha ampliado de forma considerable las concesiones para explotación de oro dentro de Nicaragua, incluyendo contratos con empresas extranjeras, especialmente de capital chino.

Esa expansión ha sido criticada por organizaciones ambientales y por la falta de fiscalización independiente.

En ese contexto, la incógnita es inevitable:

¿Habrá voluntad real de frenar el flujo ilegal de oro si la minería es un sector estratégico dentro de la estructura económica del régimen?

Más que un acuerdo diplomático

Más allá del anuncio bilateral, el verdadero desafío será la ejecución. En un sistema donde las decisiones estratégicas responden a cálculos políticos más que a estándares de transparencia, la cooperación no depende únicamente del compromiso ambiental o de seguridad. Depende de si cumplir resulta funcional al poder.

Si el control del flujo de oro fortalece la imagen internacional del régimen o le permite centralizar recursos estratégicos, podría haber acción. Si no, el acuerdo corre el riesgo de quedar en el terreno diplomático.

La experiencia reciente demuestra que en Managua los compromisos no se miden por declaraciones, sino por conveniencia.