El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, lanzó una acusación directa contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al señalar que oro extraído ilegalmente en territorio costarricense estaría terminando en manos de empresas mineras chinas que operan en Nicaragua bajo concesiones oficiales.

Según Zamora, el tráfico ilegal de recursos minerales en la zona norte del país, especialmente en áreas cercanas a la frontera con Nicaragua y el río San Juan, no solo representa un problema de seguridad, sino también un grave daño ambiental que estaría siendo aprovechado por estructuras empresariales vinculadas al sector extractivo nicaragüense.

Decomisos y rutas hacia el norte

De acuerdo con datos proporcionados por el ministro, entre octubre de 2025 y febrero de 2026 las autoridades costarricenses han decomisado más de 16 mil sacos con material minero que presuntamente tenía como destino Nicaragua. El volumen incautado refleja, según el funcionario, la magnitud de una operación sostenida de extracción ilegal que desborda la capacidad de control estatal.

Zamora afirmó que el problema no radica únicamente en los mineros artesanales que trabajan en condiciones precarias, sino en las estructuras que compran, procesan y comercializan el oro. En ese contexto, señaló directamente a empresas chinas que operan bajo concesiones otorgadas por el régimen sandinista como coautoras del daño ambiental y receptoras del oro extraído ilegalmente en suelo costarricense.

Concesiones y daño ambiental

En Nicaragua, el régimen de Ortega y Murillo ha concedido miles de hectáreas a la industria extractiva, particularmente en zonas sensibles ambientalmente. Organizaciones ambientales han advertido durante años sobre el impacto de la minería en áreas protegidas y territorios indígenas, así como sobre la falta de transparencia en la supervisión de estas operaciones.

Según la denuncia costarricense, algunas de estas concesiones funcionarían como puntos de recepción del oro ilegal proveniente de Crucitas y otras zonas del norte de Costa Rica, generando un circuito transfronterizo que combina extracción ilegal, transporte clandestino y procesamiento en territorio nicaragüense.

Presión política en Costa Rica

El tema ya comienza a escalar en la agenda política regional. En Costa Rica crece la presión para que el gobierno adopte medidas más firmes en defensa de la soberanía y los recursos naturales. Aunque existe un proyecto de ley introducido en la Asamblea Legislativa costarricense que busca atender el problema estructural de la minería ilegal en la zona de Crucitas, la iniciativa aún no ha sido aprobada.

De prosperar una reforma legal integral, podría cerrarse uno de los principales focos de extracción ilegal y, con ello, afectar indirectamente la cadena comercial que, según Zamora, beneficia a estructuras empresariales amparadas por el régimen sandinista.

Una disputa que trasciende lo ambiental

Más allá del impacto ecológico, la denuncia abre un frente diplomático delicado entre San José y Managua. La acusación pública de complicidad empresarial bajo protección estatal introduce un componente geopolítico en un conflicto que combina minería ilegal, seguridad fronteriza y relaciones con capitales chinos en la región.

Mientras Costa Rica refuerza operativos en su frontera norte, la señal enviada por su ministro de Seguridad coloca al régimen Ortega-Murillo bajo una nueva controversia regional, ahora vinculada no solo a derechos humanos o aislamiento diplomático, sino también a presunto aprovechamiento de recursos extraídos ilegalmente en territorio vecino.