Costa Rica respaldó la más reciente resolución sobre Nicaragua ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y aseguró que no tolerará crímenes contra personas refugiadas nicaragüenses en su territorio. El pronunciamiento, sin embargo, llega en medio de fuertes cuestionamientos por la falta de resultados concretos en investigaciones clave que involucran asesinatos y atentados contra opositores en el exilio.

Durante la sesión en la OEA, la embajadora de Costa Rica, Alejandra Solano, pronunció un discurso en el que afirmó que el país no permitirá actos de violencia contra personas refugiadas y que existe un compromiso estatal con su protección. El mensaje tuvo una carga política directa y fue interpretado como una advertencia hacia Managua, específicamente hacia El Carmen, desde donde se han planificado y ejecutado acciones represivas contra opositores nicaragüenses, incluso fuera de las fronteras del país.

Entre los casos que siguen marcando esta preocupación regional se encuentra el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, ejecutado en su propia casa en Costa Rica, así como los atentados contra los opositores Joao Maldonado y Nadia Robleto, quienes lograron sobrevivir.

Discurso firme, resultados débiles

El posicionamiento de Costa Rica en la OEA contrasta con las críticas persistentes sobre el desempeño real de sus instituciones de seguridad y justicia. Diversos sectores del exilio nicaragüense y defensores de derechos humanos han señalado que, más allá de los discursos, no ha existido una respuesta estatal proporcional a la gravedad de los hechos.

Las autoridades de seguridad costarricenses han negado públicamente la existencia de supuestas células de persecución política operando desde territorio nacional y dirigidas, según denuncias, desde estructuras vinculadas a la embajada de Nicaragua en San José. Sin embargo, estas negaciones no han ido acompañadas de investigaciones concluyentes que disipen las sospechas.

El crimen de Roberto Samcam, una herida abierta

El asesinato de Roberto Samcam se ha convertido en el símbolo más evidente de estas contradicciones. Pese a tratarse de un opositor conocido, crítico abierto del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y pese a las amenazas que había denunciado en vida, el caso no ha sido calificado oficialmente como un crimen político.

Hasta ahora, lo más cercano a un avance ha sido un informe filtrado a medios de comunicación independientes nicaragüenses. El autor material del crimen continúa prófugo y el Estado costarricense no ha establecido públicamente un vínculo entre el asesinato y una posible estructura de represión transnacional.

Denuncias ignoradas, patrón no reconocido

Las dudas se profundizaron tras la difusión del documental Terror Sin Frontera, en el que el propio Samcam denunció el supuesto modus operandi de redes de vigilancia, seguimiento y ataques contra opositores nicaragüenses en el exilio. Ni esas denuncias realizadas en vida ni su asesinato posterior han derivado en un reconocimiento oficial de un patrón de violencia política transnacional.

Para sectores críticos, esta falta de reconocimiento no solo debilita la búsqueda de justicia, sino que envía un mensaje de permisividad frente a hechos de extrema gravedad.

Promesas ante la OEA, deuda interna pendiente

El respaldo de Costa Rica a la resolución de la OEA es considerado un gesto positivo en el plano diplomático. Sin embargo, también deja al descubierto las materias pendientes. El país se comprometió ante el continente a no tolerar crímenes contra refugiados nicaragüenses, pero ese compromiso aún no se traduce en investigaciones beligerantes, calificaciones jurídicas claras ni resultados concretos.

El mensaje hacia la comunidad internacional fue contundente. La interrogante que persiste es si, dentro de sus propias fronteras, Costa Rica garantizará en la práctica la seguridad de quienes han buscado refugio huyendo de la violencia política en Nicaragua, o si el discurso quedará, una vez más, muy por delante de los hechos.