Costa Rica ordena entregar opositores a Ortega
Pedro Javier Fernández Sandoval, es el líder campesino de 57 años, que podría ser entregado por Costa Rica a la dictadura sandinista, exponiéndolo a tortura, desaparición forzada y prisión política, como ya ocurrió con otro exiliado enviado a Nicaragua, cuyo paradero hoy es desconocido.
ESCENARIO NACIONALNACIÓN
Darío Medios
9/19/20253 min read


Costa Rica condenaría a una desaparición forzada a Pedro Javier Fernández Sandoval, quien está a punto de ser extraditado y entregado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pedro Javier Fernández Sandoval, es el líder campesino de 57 años, que podría ser entregado por Costa Rica a la dictadura sandinista, exponiéndolo a tortura, desaparición forzada y prisión política, como ya ocurrió con otro exiliado enviado a Nicaragua, cuyo paradero hoy es desconocido.
Este caso alarma a las organizaciones de derechos humanos y exiliados nicaragüenses, que denuncian la perversión de los procesos judiciales de extradición como herramientas de persecución transnacional por parte del régimen nicaragüense.
Fernández Sandoval , es residente legal en Costa Rica desde hace tres décadas. Ha trabajado como jardinero y entre 2018 y 2021, participó activamente en las organizaciones opositoras y en movimientos cívicos surgidos tras la brutal represión de 2018 en Nicaragua.
Nunca solicitó refugio formal, creyendo que su estatus de residente lo protegería. Pero hoy enfrenta una orden de extradición activa promovida por la embajada de Nicaragua en Costa Rica, y se encuentra en un proceso de apelación que podría ser resuelto en cualquier momento.
Su extradición sería una sentencia de muerte.
El régimen lo acusa de estar involucrado en un hecho violento ocurrido el 1 de octubre de 2022 en Río San Juan, donde murieron dos personas. Una acusación casi idéntica, fue usada para justificar la extradición, en febrero de 2024, del también nicaragüense Douglas Gamaliel Álvarez, hoy desaparecido dentro del sistema penitenciario nicaragüense, el régimen no han brindado pruebas de que se encuentre vivo.
Otro acusado por la misma causa, Reinaldo Picado Miranda, recibió refugio en Costa Rica luego de que la CIDH emitiera medidas cautelares, advirtiendo del altísimo riesgo que enfrentaba si era enviado a Nicaragua. Mientras Costa Rica se escuda en que solo responde a la solicitud de interpol, organizaciones alertan que las acusaciones se sostienen con testigos falsos, y relatos fabricados.
Organizaciones como el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) aseguran que las pruebas en el expediente contra Fernández están manipuladas, mientras Laura Chinchilla , ex presidenta de Costa Rica considera lamentable que un régimen reconocido internacionalmente como autor de crímenes de lesa humanidad, sea escuchado y obedecidos por las instancias judiciales de Costa Rica.
Costa Rica ya extraditó Douglas Gamaliel, y observó cómo el régimen lo desapareció. También estuvo a punto de hacerlo con el líder campesino Reynaldo Picado Miranda. Ahora Pedro Javier Fernández podría ser el próximo desaparecido, a pesar de que costa rica es firmante de convenios internacionales contra la tortura.
Los activistas advierten que Pedro Javier Fernández sería sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Si es extraditado enfrentaría Tortura física y psicológico, aislamiento prolongado, incomunicación absoluta, ausencia de visitas familiares, juicios sin garantías mínima y en el peor de los casos, desaparición forzada.
Un patrón de persecución transnacional
Este caso, señalan, se inscribe en una estrategia más amplia del régimen Ortega-Murillo de perseguir a opositores más allá de las fronteras, enviando un mensaje de intimidación a exiliados y residentes nicaragüenses en Costa Rica. Al menos dos connacionales más estarían amenazados de enfrentar procesos similares de extradición.
“Extraditar a Pedro Javier Fernández es ponerlo en manos de la tortura y la desaparición forzada. En Nicaragua no existe justicia, solo centros de represión y violación de derechos humanos”, advirtieron las organizaciones en un comunicado. El llamado final es claro: movilizarse y pronunciarse para impedir la extradición y evitar un nuevo caso de persecución transnacional ejecutado desde Managua.
