Costa Rica golpea a Ortega y Murillo ante la ONU: “Han socavado la estabilidad de la región”
El embajador Boris Marchegiani denunció la minería ilegal en la frontera con Nicaragua y alertó sobre el deterioro democrático y la persecución bajo la dictadura Ortega-Murillo.
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DaríoMedios Internacional
9/30/20263 min read
Costa Rica llevó nuevamente ante Naciones Unidas sus preocupaciones por Nicaragua y lanzó una dura advertencia sobre las consecuencias que, según denunció, están teniendo en territorio costarricense las actividades criminales vinculadas con la frontera norte.
Durante su intervención ante la 81.ª Asamblea General de la ONU, el embajador y representante permanente de Costa Rica, Boris Marchegiani, señaló directamente la minería ilegal impulsada por organizaciones criminales transnacionales en la zona fronteriza con Nicaragua y advirtió que sus efectos ya trascienden el ámbito ambiental.
“La minería ilegal impulsada por organizaciones criminales transnacionales en nuestra zona fronteriza con Nicaragua ha provocado una grave destrucción ambiental y genera riesgos para la salud pública, la economía y la seguridad regional”, afirmó el diplomático.
La denuncia coloca nuevamente sobre la mesa la situación de la frontera entre ambos países y el impacto que tienen las economías ilícitas sobre la seguridad y la estabilidad de Costa Rica.
Costa Rica señala al crimen organizado transnacional
Marchegiani no presentó la minería ilegal como un problema aislado.
En su intervención, ubicó esta actividad dentro de un fenómeno mucho más amplio de crimen organizado transnacional, junto con el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, el lavado de activos y los delitos cibernéticos.
Según el diplomático, estas actividades “trascienden las fronteras nacionales” y terminan afectando la estabilidad democrática, el desarrollo y el Estado de derecho.
En el caso de la frontera con Nicaragua, señaló que las organizaciones criminales se disputan territorios y alimentan economías ilícitas, además de generar consecuencias sobre las instituciones y los derechos de las personas.
El señalamiento adquiere especial relevancia para Costa Rica, un país que durante décadas ha mantenido una política de seguridad basada en la ausencia de ejército y en la defensa del derecho internacional.
Precisamente, Marchegiani recordó ante la ONU que Costa Rica abolió su ejército hace siete décadas bajo la convicción de que el derecho internacional podía ofrecer mayor seguridad que las armas.
“Profunda preocupación” por Nicaragua
Pero la intervención costarricense no se limitó a la situación fronteriza.
El representante ante Naciones Unidas expresó también la “profunda preocupación” de Costa Rica por la situación en Nicaragua, señalando el deterioro de las libertades fundamentales, la persecución de voces críticas, el cierre de espacios cívicos y las persecuciones religiosas.
El diplomático también hizo referencia a las denuncias de violaciones de derechos humanos y sostuvo que estas circunstancias continúan alejando a Nicaragua de los principios democráticos.
Costa Rica recordó además ante la Asamblea General que ha acogido a cientos de miles de nicaragüenses y reafirmó su compromiso con la defensa de sus derechos y con el restablecimiento del Estado de derecho en Nicaragua.
El mensaje representa una nueva señal de que San José continúa llevando la situación nicaragüense a los principales escenarios internacionales.
La crisis nicaragüense ya no es vista como un asunto interno
La intervención de Marchegiani conecta dos problemas que Costa Rica considera estrechamente relacionados: por un lado, la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua y, por otro, las consecuencias que las actividades criminales en la zona fronteriza generan para Costa Rica.
La denuncia ante Naciones Unidas ocurre además en un momento de creciente atención internacional sobre la represión transnacional y sobre la forma en que las estructuras criminales pueden aprovechar las fronteras para extender sus operaciones.
Para Costa Rica, la minería ilegal no representa únicamente destrucción ambiental. El propio representante ante la ONU la vinculó con riesgos para la salud pública, la economía y la seguridad regional.
Un mensaje directo desde Naciones Unidas
Marchegiani dejó así constancia ante la Asamblea General de que Costa Rica observa con preocupación tanto las consecuencias de las economías ilícitas en su frontera como el deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua.
El discurso también reafirmó la posición costarricense de que Nicaragua debe recuperar el Estado de derecho y garantizar los derechos de su población.
La denuncia llega mientras la presión internacional sobre Ortega y Murillo continúa aumentando en distintos foros multilaterales.
Desde la ONU, Costa Rica volvió a poner sobre la mesa que la crisis provocada por la dictadura Ortega-Murillo no queda encerrada dentro de las fronteras de Nicaragua: sus efectos, desde la persecución política hasta las actividades criminales en la frontera, también alcanzan directamente a los países vecinos.
