Costa Rica debe proteger a los nicaragüenses que Ortega sigue persiguiendo en el exilio
El director de DaríoMedios exige protección efectiva para periodistas y opositores nicaragüenses ante las amenazas de la represión transnacional.
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DaríoMedios Internacional
11/18/20264 min read


El periodista Aníbal Toruño, director de DaríoMedios Internacional y beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió que periodistas, defensores de derechos humanos y opositores nicaragüenses refugiados en Costa Rica continúan expuestos a amenazas contra su vida, pese a haber abandonado Nicaragua para escapar de la persecución política.
Durante una entrevista en el programa En Contacto, de Artículo 66, conducido por el periodista Álvaro Navarro, Toruño abordó la expansión de la represión transnacional atribuida a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los riesgos que enfrentan los exiliados y la responsabilidad de las autoridades costarricenses de adoptar medidas efectivas de protección.
El 20 de septiembre de 2026, la CIDH otorgó medidas cautelares a diez personas nicaragüenses en Costa Rica, al considerar que sus derechos a la vida y a la integridad personal se encontraban en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable. Entre los beneficiarios figuran Toruño, integrantes de DaríoMedios Internacional, Hanssel Vásquez y Tania López; el ambientalista Amaru Ruiz; el exdiputado Eliseo Núñez y sus respectivos núcleos familiares, además de una persona periodista cuya identidad permanece reservada.
Sin embargo, Toruño advirtió que la decisión del organismo internacional no constituye por sí misma una garantía de seguridad frente a quienes amenazan a los beneficiarios.
«Por sí y ante sí, aún en la implementación, no detienen a quienes quieren asesinarnos; no son una garantía ni una solución definitiva», expresó.
El periodista sostuvo que abandonar Nicaragua no ha significado poner fin a la persecución. Las amenazas, el espionaje y los riesgos de atentados, señaló, persisten incluso fuera de las fronteras nicaragüenses.
Narcotráfico, sicariato y denuncias de persecución transnacional
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la preocupación por la posible convergencia entre redes del crimen organizado que operan en Costa Rica y estructuras de inteligencia y persecución atribuidas a la dictadura Ortega-Murillo.
Toruño advirtió sobre el peligro que representa la combinación del narcotráfico, las redes de sicariato y las presuntas células vinculadas al aparato de inteligencia del régimen nicaragüense. A su juicio, este escenario incrementa la vulnerabilidad de quienes se refugiaron en Costa Rica después de denunciar o enfrentar la persecución política.
En ese contexto, también se refirió al asesinato del periodista costarricense Camilo Rodríguez, ocurrido el 16 de noviembre en la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.
Rodríguez había concedido una entrevista a DaríoMedios Internacional en la que denunció presuntos vínculos entre estructuras del poder político nicaragüense, redes de abogados, narcotraficantes y organizaciones criminales que, según sus señalamientos, operarían en Costa Rica. También habló de supuestas células de inteligencia y contrainteligencia vinculadas al sandinismo y de posibles conexiones con estructuras del sicariato costarricense.
Las denuncias del comunicador forman parte del contexto que rodea las preocupaciones expresadas por Toruño sobre la seguridad de los periodistas y opositores nicaragüenses en territorio costarricense. No obstante, hasta ahora no existe una determinación judicial que vincule el asesinato de Rodríguez con esos señalamientos.
La Fiscalía costarricense anunció la conformación de un equipo especializado para investigar el homicidio y esclarecer sus posibles móviles, incluidas las denuncias públicas que el periodista había realizado.
Costa Rica debe convertir las medidas cautelares en protección efectiva
Toruño explicó que se han producido acercamientos con instituciones del Estado costarricense para coordnar la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
El director de DaríoMedios manifestó su confianza en que las autoridades avancen en acciones concretas para proteger a las personas beneficiarias, pero también señaló las dificultades que enfrenta el país para responder a los riesgos denunciados.
Entre los obstáculos mencionó las limitaciones presupuestarias, la presión sobre las instituciones por la situación migratoria y la necesidad de mejorar la coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La implementación de las medidas requiere respuestas que tomen en cuenta las condiciones particulares de riesgo de cada persona beneficiaria. No basta con reconocer la existencia de amenazas: el Estado debe traducir sus compromisos internacionales en mecanismos de protección, seguimiento y prevención.
La resolución de la CIDH constituye un pronunciamiento sobre la gravedad y urgencia de los riesgos que enfrentan las diez personas beneficiarias. Su cumplimiento exige acciones concretas de las autoridades costarricenses.
«Regresar sin garantías es entregar la vida a una trampa mortal»
Durante la entrevista, Toruño también cuestionó cualquier planteamiento de retorno de los nicaragüenses exiliados que no esté acompañado de garantías reales para su seguridad y el ejercicio de sus derechos.
El periodista sostuvo que regresar a Nicaragua solo sería viable en condiciones de una transición democrática y con garantías verificables, acompañadas por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las instancias internacionales de derechos humanos.
«Ningún nicaragüense debe andar rondando como judío errante por el mundo debido a un Estado salvaje y asesino, pero regresar sin garantías es entregar la vida a una trampa mortal», afirmó.
Toruño defendió que el retorno debe ser un derecho ejercido en libertad y seguridad, no una decisión que exponga nuevamente a las personas al encarcelamiento, la persecución política o la muerte.
La advertencia coloca sobre la mesa dos obligaciones que siguen pendientes: que Costa Rica garantice la protección de quienes buscaron refugio en su territorio y que Nicaragua recupere las condiciones democráticas necesarias para que sus ciudadanos puedan regresar sin temor a represalias.


