Costa Rica con las manos atadas frente al sandinismo

El asesinato del coronel en retiro y exiliado nicaragüense Roberto Samcam Ruiz ha destapado una compleja red de vínculos militares y, al mismo tiempo, ha dejado en evidencia la falta de voluntad política del Estado costarricense para enfrentar la infiltración de células sandinistas en su territorio.

ESCENARIO NACIONALNACIÓN

Darío Medios

9/25/20253 min read

El asesinato del coronel en retiro y exiliado nicaragüense Roberto Samcam Ruiz ha destapado una compleja red de vínculos militares y, al mismo tiempo, ha dejado en evidencia la falta de voluntad política del Estado costarricense para enfrentar la infiltración de células sandinistas en su territorio.

De acuerdo con las revelaciones más recientes del caso, publicadas por el medio costarricense CR Hoy, el crimen contra Samcam no solo fue premeditado y coordinado desde fuera de Costa Rica, sino que refleja un patrón de omisión del gobierno del presidente Rodrigo Chávez Robles frente a las amenazas que emanan del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El presunto cerebro del crimen

El nombre de Pablo Antonio Robles Murillo, un exmilitar nicaragüense nacionalizado costarricense, ha surgido como principal sospechoso de haber orquestado el asesinato. Documentos migratorios muestran que Robles mantuvo 59 movimientos entre Nicaragua y Costa Rica desde 2005, lo que incluye reuniones con altos mandos del Ejército de Nicaragua.

La última vez que ingresó a Nicaragua fue el 7 de agosto de 2025, días después del crimen, sin que ninguna autoridad costarricense interviniera. Su capacidad para desplazarse con libertad ha generado serias dudas sobre la efectividad de los mecanismos de seguridad del país.

Advertencias ignoradas

Roberto Samcam, quien en el pasado formó parte del Ejército Popular Sandinista, se había convertido en una de las voces más críticas del régimen Ortega-Murillo. Durante años, denunció públicamente la presencia de células sandinistas infiltradas en Costa Rica, pero sus advertencias fueron sistemáticamente ignoradas.

El Departamento de Inteligencia y Seguridad (DIS) negó de manera reiterada la existencia de esas redes criminales, mientras el presidente Chávez permaneció en silencio. El exdirector de la DIS, Eduardo Trejos, señaló que la investigación de este tipo de estructuras requiere autorización expresa del Ejecutivo, la cual nunca se dio.

Pasividad y contradicciones del gobierno

La falta de acción no es un hecho aislado. La represión transnacional de la dictadura nicaragüense ya había golpeado a otros opositores en suelo costarricense, como los sobrevivientes de atentados Joao Maldonado y Nadia Robleto, casos que quedaron en la impunidad.

Paradójicamente, mientras el gobierno de Rodrigo Chávez ha mostrado inacción frente a estos ataques, ha actuado con celeridad en extraditar solicitantes de refugio a Nicaragua. En 2024, Douglas Gamaliel Pérez Centeno fue entregado a las autoridades del régimen Ortega-Murillo; hoy se encuentra desaparecido y se presume que fue asesinado. Actualmente, también se tramita la extradición del opositor Pedro Javier Fernández Sandoval, pese a alertas de riesgo de organismos internacionales de derechos humanos.

Represión regional y exigencia de justicia

Para organizaciones como el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALI), estas acciones evidencian un desprecio institucional hacia los refugiados nicaragüenses, lo que erosiona no solo el derecho de asilo, sino también la credibilidad internacional de Costa Rica como país de refugio.

La defensora de derechos humanos y viuda de Samcam, Claudia Vargas, advirtió que el asesinato no puede quedar en la impunidad, y recordó que este crimen se enmarca en una estrategia de persecución regional dirigida contra exiliados nicaragüenses. “La memoria de Roberto nos recuerda que el silencio impuesto no es una opción. La única reparación posible es decir nunca más a los crímenes transnacionales”, subrayó Vargas.

El asesinato de Samcam representa una prueba de fuego para el Estado costarricense, que debe decidir si asume un rol activo en la protección de quienes buscan refugio en su territorio o continúa con una política de indiferencia que fortalece la impunidad.

El presidente Rodrigo Chávez tiene en sus manos la posibilidad de reescribir este capítulo de su administración, apostando por la verdad y la justicia, o quedar marcado como un mandatario que permitió la normalización de la represión transnacional en el país.