Nicaragua atraviesa una de las mayores crisis de seguridad jurídica de su historia reciente. Bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, miles de ciudadanos han visto cómo sus casas, negocios y tierras, muchas de ellas heredadas por generaciones, son confiscadas sin un proceso legal justo ni compensación económica.

Lo que comenzó como un mecanismo selectivo contra opositores y empresarios, hoy se ha convertido en una estrategia de despojo masivo que amenaza con derrumbar uno de los pilares fundamentales del país: su economía. Estados Unidos ya ha lanzado una advertencia formal a sus inversionistas, pidiendo “máxima cautela” antes de colocar capital en Nicaragua.

Una vieja fórmula con nuevos alcances

Las confiscaciones no son un fenómeno nuevo para el sandinismo. En la década de 1980, durante la primera etapa de Ortega en el poder, el régimen confiscó entre 20,000 y 28,000 propiedades, no solo de la familia Somoza, sino también de miles de ciudadanos y empresas privadas. Aquella política dejó una deuda millonaria: solo hasta 2014, Nicaragua había pagado más de 1,279 millones de dólares en indemnizaciones, una carga que sigue limitando la inversión social.

Hoy, sin la excusa de la “revolución”, las confiscaciones se ejecutan con mayor velocidad y sin justificación legal. Desde 2018, más de 5,000 organizaciones de la sociedad civil han sido cerradas, con la apropiación de todos sus bienes. El caso de la Fundación del Río es emblemático: 22 propiedades, áreas de conservación, oficinas, radios comunitarias, un hotel y centros de capacitación fueron absorbidos por el Estado.

Una investigación de Hagamos Democracia documenta al menos 135 propiedades confiscadas entre 2018 y 2024, con un valor estimado de 250 millones de dólares, aunque se estima que el número real es mucho mayor debido al miedo a denunciar.

La mayor confiscación de la historia

En 2024, Ortega consolidó la mayor apropiación territorial jamás vista en el país: la llamada Ley de Protección de Fronteras declaró como propiedad exclusiva del Estado una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras, equivalente a casi 18,000 km², similar en tamaño a El Salvador. El área incluye viviendas, fincas, hoteles, reservas naturales y desarrollos turísticos.

En los últimos meses, el régimen también se apropió de la planta geotérmica Momotombo, propiedad de un inversionista mexicano, en lo que se interpreta como una represalia política.

Impacto económico y aislamiento internacional

El uso de la confiscación como arma política y fuente de enriquecimiento ilícito ha destruido la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. En el primer trimestre de 2025, la inversión extranjera directa cayó un 14.8% respecto al mismo período del año anterior.

La advertencia de Washington coloca a Nicaragua en una “lista roja” para el capital extranjero, lo que augura más aislamiento y pobreza. “¿Quién arriesgaría su dinero en un país donde el gobierno puede quitarle todo de la noche a la mañana?”, cuestionan expertos.

Mientras la familia Ortega-Murillo mantiene lujos y fortunas, la inseguridad jurídica golpea al ciudadano común, que lucha cada día para alimentar a su familia en medio de una economía cada vez más asfixiada.