Condenan al responsable de los atentados contra Joao Maldonado y Nadia Robleto
La lectura de la sentencia por los atentados contra Joao Maldonado y Nadia Robleto marca un momento decisivo en la búsqueda de justicia y en las denuncias sobre represión transnacional atribuida a la dictadura Ortega-Murillo.
MUNDOESCENARIO NACIONALNACIÓNPOLÍTICA
DaríoMedios Internacional
11/17/20264 min read


La lectura del, por tanto, realizada este martes 17 de noviembre en el Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, representa un momento decisivo en un proceso que durante años ha estado acompañado por denuncias de persecución transnacional y exigencias de justicia de la comunidad nicaragüense exiliada en Costa Rica.
Sin embargo, el alcance de la sentencia no se mide únicamente por la condena y las cantidades económicas establecidas. Los atentados dejaron secuelas físicas y consecuencias permanentes en la vida de Nadia y Joao. Ninguna indemnización puede devolverles la salud, la tranquilidad ni las condiciones de vida que tenían antes de los ataques.
«Dicten la sentencia como sea, me da igual»
Testigos que estuvieron presentes en el juicio describieron al condenado como una persona fría e indiferente. Según sus relatos, mantuvo absoluto silencio durante todo el proceso y no mostró reacción ante el desarrollo del juicio.
Esa actitud, aseguraron, se mantuvo durante la lectura de la sentencia. Cuando le consultaron si quería recibir el fallo por escrito o escuchar su lectura, respondió: «Dicten la sentencia como sea, me da igual».
Defensores de derechos humanos que siguieron el caso también describieron su comportamiento como frío e indiferente frente a la gravedad de los hechos por los que fue juzgado.
La reacción relatada por quienes presenciaron ese momento contrastó con las consecuencias que los ataques dejaron en las víctimas, quienes deberán convivir de por vida con las secuelas de la violencia sufrida.
Dos atentados y una larga búsqueda de justicia
Joao Maldonado sobrevivió a un primer atentado en septiembre de 2021. La violencia volvió a alcanzarlo en enero de 2024, cuando fue atacado nuevamente, esta vez junto a su esposa, Nadia Robleto, quien sufrió graves lesiones por los disparos.
Desde entonces, ambos han enfrentado un largo proceso judicial y las consecuencias físicas y personales de los ataques. El caso se convirtió en uno de los episodios más graves denunciados por la comunidad nicaragüense exiliada en Costa Rica, que ha advertido sobre los riesgos que enfrentan las personas opositoras incluso después de abandonar Nicaragua.
La indemnización establecida por el tribunal reconoce económicamente los daños sufridos, pero no elimina las secuelas que marcarán sus vidas. Los 288 millones de colones representan una reparación económica; no pueden borrar las heridas ni devolverles la tranquilidad que perdieron.
Para las víctimas, la justicia también implica que se esclarezca quiénes estuvieron detrás de los ataques y si existieron personas que los ordenaron, financiaron o facilitaron.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más pide combatir la impunidad
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, organización que ha acompañado a las víctimas, había señalado que el proceso trasciende las agresiones sufridas por Maldonado y Robleto. En su nota conceptual difundida antes de la lectura de la sentencia, llamó a combatir la impunidad, garantizar la protección de las personas exiliadas y continuar investigando a los posibles responsables materiales e intelectuales.
La organización considera que el caso representa una prueba para las instituciones costarricenses y para su obligación de proteger a quienes encontraron refugio en el país después de sufrir persecución política.
El Colectivo también ha insistido en que la resolución judicial no debe cerrar las investigaciones sobre la posible participación de otras personas. La identificación de quienes ejecutaron los ataques es una parte del proceso; esclarecer si hubo autores intelectuales y determinar las responsabilidades correspondientes continúa siendo una exigencia de justicia.
La represión transnacional también alcanza a Costa Rica
La represión transnacional comprende las prácticas mediante las cuales un Estado extiende la persecución, la vigilancia, la intimidación y la violencia contra personas consideradas opositoras más allá de sus propias fronteras.
En el caso de Nicaragua, periodistas, opositores y organizaciones de derechos humanos han denunciado operaciones de vigilancia, amenazas y atentados contra personas refugiadas en Costa Rica, que atribuyen a estructuras vinculadas con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Estas denuncias han generado preocupación sobre la seguridad de quienes encontraron protección en territorio costarricense y sobre la capacidad de las instituciones para identificar y desarticular posibles redes que operen al servicio de intereses represivos extranjeros.
El caso de Maldonado y Robleto vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión que trasciende la responsabilidad penal de quien fue condenado: la obligación de investigar si los ataques respondieron a una estructura más amplia y determinar si hubo participación de otras personas.
La protección de la población exiliada también está vinculada con la soberanía costarricense. Ninguna persona debería ser perseguida, amenazada o atacada en el territorio donde buscó refugio.
Una sentencia, pero la exigencia de justicia continúa
La condena y las indemnizaciones representan una resolución judicial importante para Joao Maldonado y Nadia Robleto. Sin embargo, no ponen fin a las consecuencias de los atentados ni a la exigencia de esclarecer todas las responsabilidades.
Ambos deberán afrontar secuelas permanentes derivadas de los ataques. La reparación económica no puede devolverles la salud ni borrar las consecuencias de la violencia que sufrieron.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más ha insistido en que Costa Rica debe combatir la impunidad, garantizar la protección de las personas exiliadas y mantener abiertas las investigaciones sobre los posibles autores materiales e intelectuales.
Para la comunidad nicaragüense refugiada, el caso representa una exigencia que va más allá de una resolución judicial: que quienes abandonaron su país para salvar sus vidas puedan encontrar en Costa Rica un territorio de protección y no un lugar donde la persecución vuelva a alcanzarlos.


