La maquinaria represiva del régimen de Daniel Ortega no solo encarcela y silencia dentro de Nicaragua; también expulsa. Y quienes huyen de la represión, la pobreza y la falta de futuro, terminan siendo criminalizados en el extranjero.

Esta semana, cinco nicaragüenses fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos durante una redada en dos empresas del estado de Dakota del Sur.

La operación, ejecutada en las compañías Manitou Equipment America y Global Polymer Industries, culminó con la captura de ocho personas, incluyendo migrantes originarios de El Salvador y Guatemala.

Según ICE, estas acciones forman parte de un “componente crítico” de su misión para combatir la contratación de trabajadores sin documentos legales. El lenguaje, frío y burocrático, esconde el drama humano: personas obligadas a trabajar fuera de su país porque allí, bajo una dictadura, no pueden sobrevivir ni vivir con libertad.

Los cinco nicaragüenses arrestados se encuentran bajo custodia de ICE y enfrentan procesos de deportación que podrían significar su retorno forzado a Nicaragua, un país donde la represión sigue siendo sistemática, la oposición política es perseguida, y la migración es la única válvula de escape para miles de ciudadanos.

El exilio criminalizado

Estas redadas se intensificaron desde la era del expresidente Donald Trump, pero continúan con fuerza bajo gobiernos posteriores, alimentando un clima de miedo entre las comunidades migrantes.

ICE insiste en que su tarea es proteger el mercado laboral y “hacer cumplir las leyes migratorias”, pero organizaciones de derechos humanos denuncian que estas operaciones impactan desproporcionadamente a comunidades vulnerables y separan familias.

La detención de nicaragüenses en este tipo de operativos se ha vuelto cada vez más frecuente. Hace pocas semanas, en Minnesota, otro joven nicaragüense fue arrestado en circunstancias similares. La narrativa es ya conocida: migrantes que trabajan largas horas en condiciones precarias, en zonas rurales de Estados Unidos, lejos de la mirada pública, sin protección laboral ni legal.

Un país que expulsa

La raíz de este éxodo está clara: Nicaragua se ha vuelto inhabitable para muchos de sus ciudadanos. Desde las protestas de 2018, el régimen de Ortega ha instaurado un modelo autoritario que castiga la disidencia, criminaliza la protesta, clausura medios independientes y elimina cualquier vestigio de democracia. Bajo ese panorama, no sorprende que miles de nicaragüenses opten por emigrar, aún a riesgo de caer en manos de ICE.

Mientras tanto, el oficialismo guarda silencio ante estas detenciones. No hay pronunciamientos, no hay gestiones diplomáticas, no hay defensa de los connacionales. Para el régimen, quienes se marchan son traidores o enemigos; no ciudadanos con derechos.

¿Quién protege a los migrantes nicaragüenses?

La pregunta es urgente: ¿quién defiende a estos migrantes? ¿Qué consulado vela por los derechos de los cinco detenidos en Dakota del Sur? ¿Qué hace el Estado nicaragüense ante la posibilidad de que sean deportados a un país que ellos mismos huyeron por razones políticas o económicas?

Mientras ICE continúa con su política de redadas —cada vez más dirigidas también a comunidades rurales— la diáspora nicaragüense vive con la constante amenaza del retorno forzado a un país que los expulsó. Y mientras el régimen de Ortega persista en su estrategia de represión y abandono, más nicaragüenses seguirán cayendo en este limbo de incertidumbre y miedo, atrapados entre dos sistemas que los tratan como descartables.