La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que desde 2018 a la fecha, 450 nicaragüenses han sido despojados de la nacionalidad por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dejándolos en condición de apatridia.

El organismo regional perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) también denunció que desde enero de 2024 a la fecha, han documentado 290 casos de connacionales a los que la dictadura les ha negado el ingreso al país.

“Más de 450 personas han sido despojadas arbitrariamente de su nacionalidad, lo que ha generado casos de apatridia. Además, según información proporcionada por las organizaciones de la sociedad civil, desde enero de 2024 se han documentado al menos 290 casos de nacionales a quienes se les ha negado la entrada al país, y 348 actos de represión migratoria, como desplazamientos forzados y expulsiones colectivas”, indica la CIDH.

El organismo también denunció que desde que se agravó la crisis, sociopolítica, “más de 400.000 personas se han visto forzadas a huir de Nicaragua para proteger su vida, integridad y libertad personal. Del mismo modo, el Gobierno ejerce un control arbitrario sobre la renovación de documentos de identidad y confisca documentos válidos de viaje”.

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al Estado nicaragüense a “cesar de inmediato las violaciones a los derechos humanos, restablecer el Estado de derecho y a liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad por motivos políticos. Asimismo, hace un llamado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos para exigir el fin de la represión y adoptar medidas concretas para el restablecimiento de la democracia en el país”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera su solidaridad con las víctimas y sus familiares por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el 18 de abril de 2018, y reafirma su compromiso de continuar promoviendo y protegiendo los derechos humanos en Nicaragua. Para ello, seguirá monitoreando de cerca la situación en el país a través del MESENI, denunciando las violaciones registradas y publicando regularmente actualizaciones sobre la situación en su sitio web, finalizó el organismo.

Persecución contra religiosos persiste

Desde 2018, la dictadura mantiene una férrea persecución contra los líderes religiosos y comunidades de fe mediante detenciones arbitrarias, expulsiones y la confiscación de bienes como represalia por su trabajo pastoral, denunció el organismo.

“Desde 2023, al menos 46 religiosos han sido detenidos, excarcelados y posteriormente expulsados del país. Además, el Gobierno mantiene la imposición de severas restricciones a la libertad religiosa, incluyendo la prohibición de celebraciones en espacios públicos, la vigilancia de ceremonias, la moderación de sermones, y la criminalización de expresiones de fe”, indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La CIDH también visualiza los ataques de la dictadura contra las comunidades afrodescendientes en Nicaragua. “La violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe sigue agravándose, impulsada por la invasión de colonos y la expansión de actividades extractivas. Los colonos armados buscan despojar a las comunidades de sus territorios ancestrales mediante el uso de la violencia, lo que resultado en desplazamientos forzados. Esta situación persiste bajo la tolerancia estatal, consolidando un contexto de violencia, impunidad y desprotección para las comunidades afectadas”, anotó el organismo.