La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó nuevamente a Nicaragua en el Capítulo IV.B de su Informe Anual 2024, al considerar que en el país persisten “graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos”, que consolidan un modelo autoritario y de concentración de poder.

En su análisis, la CIDH advierte sobre la radicalización del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalando que durante 2024 se profundizó el control político e institucional, a través de reformas legales, persecución estatal y represión extendida a diversos sectores de la sociedad.

Entre las medidas más preocupantes, el organismo destaca la reforma constitucional aprobada el 22 de noviembre de 2024, que modificó más de cien artículos de la Carta Magna. Según el informe, esta reforma estableció un modelo de “democracia directa” que, en la práctica, “centraliza el poder en la Presidencia de la República, encabezada por un co-presidente y una co-presidenta”, con mandatos de seis años y amplias facultades.

La Comisión subraya que esta reestructuración “elimina el principio de separación de poderes subordinando aún más los órganos legislativo, judicial y electoral al control del Ejecutivo”.

Asimismo, el informe denuncia la consolidación de un aparato represivo que ya no solo se dirige contra opositores, sino también contra simpatizantes del oficialismo, funcionarios públicos y ciudadanos en general.

“En 2024, la CIDH observó la persistencia de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Estas incluyen detenciones arbitrarias, denuncias de desaparición forzada, graves condiciones de detención y hechos de tortura”, señala el informe.

Privación de nacionalidad y destierro

Uno de los aspectos más críticos documentados por la Comisión es la política de despojo arbitrario de la nacionalidad. El 5 de septiembre de 2024, 135 personas, en su mayoría identificadas como opositoras, fueron excarceladas y expulsadas hacia Guatemala. Pocos días después, el Estado les retiró la nacionalidad y procedió a la confiscación de sus bienes.

“La CIDH repudió la privación arbitraria de la nacionalidad nicaragüense de 135 personas [...] y calificó esta medida como una de las formas más severas de la represión empleadas por el régimen”.

Desde 2023, al menos 450 personas han sido afectadas por esta práctica, que ha sido calificada por organismos internacionales como contraria al derecho internacional.

Persecución religiosa y cierre del espacio cívico

El informe también recoge evidencias sobre restricciones a la libertad religiosa, con vigilancia a celebraciones litúrgicas, detención de sacerdotes y prohibición de actos religiosos en espacios públicos.

“Persiste la persecución de integrantes de la Iglesia Católica, mediante detenciones arbitrarias, criminalización e incluso el destierro”, señala la CIDH.

En cuanto al espacio cívico, la Comisión denuncia una ofensiva sistemática contra la sociedad civil organizada. Según el informe, “desde 2018, el gobierno ha cancelado más de 5.000 organizaciones, de un total de 7.227 registradas, consolidando uno de los regímenes represivos más graves de la región”.

Represión alcanza a zonas autónomas y sectores vulnerables

El organismo también documenta cómo la represión afectó a regiones como la Costa Caribe, donde las elecciones fueron marcadas por control institucional, despidos masivos y restricciones a la participación democrática.

La CIDH expresa especial preocupación por las condiciones en que se encuentran mujeres e indígenas en prisión, quienes enfrentan violaciones adicionales por razones de género e identidad cultural.

Finalmente, la Comisión reiteró su llamado a la comunidad internacional a mantener la atención sobre la crisis en Nicaragua y a redoblar esfuerzos para restablecer el Estado de Derecho, las garantías democráticas y los derechos humanos en el país.