La Cancillería de Costa Rica gestionará ante el gobierno de Nicaragua una solicitud formal para que adopte acciones “reales y efectivas” que frenen la recepción y procesamiento de oro extraído ilegalmente en territorio costarricense.

La gestión surge tras una comunicación enviada con carácter “urgentísimo” por el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, al canciller Arnoldo André Tinoco. En ella solicita interceder ante Managua para reforzar los patrullajes en el río San Juan, frontera natural entre ambos países, y detener el flujo transfronterizo de sedimentos auríferos sustraídos en Crucitas.

Según la información oficial, grupos dedicados a la extracción ilegal estarían trasladando el material en embarcaciones hacia la margen nicaragüense del río, donde presuntamente continúa la cadena de comercialización.

Un problema que dejó de ser local

La narrativa del Ministerio de Seguridad Pública se ha endurecido en las últimas semanas. Las autoridades costarricenses advierten que detrás del saqueo no operan únicamente coligalleros aislados, sino estructuras con vínculos al crimen organizado transnacional.

El señalamiento no es menor. Implica que la minería ilegal en la zona norte ya no es un fenómeno marginal, sino un esquema logístico con ramificaciones regionales que cruza la frontera y se sostiene en redes de transporte, procesamiento y comercialización.

En ese contexto, la solicitud diplomática busca que Nicaragua no solo vigile el río San Juan, sino que impida que el material extraído ilegalmente en Costa Rica ingrese y sea procesado en su territorio.

Operativos paralelos y silencios incómodos

El fin de semana, el Ejército de Nicaragua informó sobre la detención de 15 personas en sectores fronterizos, incluyendo Las Conchudas. Sin embargo, estos operativos no fueron mencionados por las autoridades costarricenses al anunciar su gestión diplomática.

La ausencia de referencia oficial deja abierta la interrogante sobre el nivel de coordinación real entre ambos países en el combate a la minería ilegal.

Golpe económico a la estructura minera

Mientras la vía diplomática avanza, el Ministerio de Seguridad reportó la ocupación de 176 “tómbolas”, cilindros metálicos utilizados para procesar sedimentos y separar el oro.

Cada dispositivo puede alcanzar un valor aproximado de tres millones de colones, lo que convierte el decomiso en un impacto económico significativo para las estructuras que operan en la zona. El golpe no solo es ambiental, sino financiero.

La dimensión geopolítica del oro

Para Costa Rica, cerrar el paso del oro ilegal no se limita a operativos en Crucitas. El foco ahora está en cortar la ruta de salida del metal precioso que, según denuncias previas, estaría siendo adquirido por empresas con concesiones otorgadas por el régimen orteguista.

La exigencia formal coloca a Nicaragua en el centro del debate regional sobre minería ilegal, soberanía y crimen organizado. El mensaje es claro: el combate no termina en la frontera.

El oro de Crucitas ya no es solo un problema ambiental, es un conflicto diplomático en ascenso.